La información de las últimas semanas confirma la inercia de la economía mexicana donde los datos positivos tienen sus “asegunes” puesto que el crecimiento de la inversión se sostiene por la industria de la construcción, especialmente residencial y no por la instalación y crecimiento de la maquinaria y equipo; a su vez, la dinámica del consumo se debe a las adquisiciones de bienes importados, por lo que su impacto en los sectores económicos nacionales es menor.
Por otra parte, la discusión alrededor del documento de análisis del Plan México elaborado por la investigadora Mariana Mazzucato contribuyó a recordar varios de los temas que se han venido abordando durante los últimos años sobre la falta de bases institucionales sólidas (públicas y privadas) para impulsar una política de desarrollo.
Una cuestión sobre la que hay que poner atención es la capacidad del ejercicio de gobierno para “hacer cosas”. Hace algunos años señalamos como un cabo suelto de la política económica a la capacidad de operar y gestionar acciones que permitiesen concretar las propuestas económicas de gobierno. Hoy el tema es importante, puesto que los cambios realizados en la organización y gestión del sector público federal han limitado capacidades de operación y hasta de opinión de las dependencias públicas.
Secretarias federales clave actualmente trabajan con menos recursos que los disponibles en 2018; además, a la desaparición de programas públicos orientados a la producción se suma la salida de recursos técnicos y profesionales, acentuando la falta de capacidades para poner en marcha programas de trabajo.
Por otra parte, no aparecen nuevos liderazgos que permitan establecer acuerdos entre los sectores económicos para impulsar una nueva etapa de desarrollo. Lo que se observa es una continuidad para seguir como una economía maquiladora de manufacturas sujeta a las presiones arancelarias de EU.
Un punto adicional, es que los gobiernos locales, estatales y municipales, tampoco cuentan con la capacidad para desarrollar infraestructura y garantizar mejores condiciones para la inversión. Si a nivel federal menguaron sus capacidades (que de por sí ya eran insuficientes), a nivel local el deterioro es mayor, ampliando la brecha entre necesidades y capacidades públicas.
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