La rapidez en cerrar el expediente del morenista, acusado por su nexos con el narco, contrasta con la insistencia de la presidenta para que Ruffo enfrente la justicia
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La rapidez en cerrar el expediente del morenista, acusado por su nexos con el narco, contrasta con la insistencia de la presidenta para que Ruffo enfrente la justicia
Claudia Sheinbaum ha convertido la palabra “pruebas” en su escudo político. Desde el 30 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención provisional de Rubén Rocha Moya, la presidenta ha repetido en al menos siete ocasiones que no existen evidencias claras contra el gobernador con licencia de Sinaloa.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, leyó en Palacio Nacional.
La mandataria advirtió que el gobierno rechaza cualquier injerencia extranjera en decisiones judiciales y subrayó que Washington no ha aportado documentos que acrediten las acusaciones. Morena, en paralelo, inició una cruzada en “defensa de la soberanía” para blindar a Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza.
El contraste es evidente. En el caso de Ernesto Ruffo, acusado de huachicol fiscal, Sheinbaum sostuvo que la FGR sí tiene pruebas sólidas derivadas de una investigación de más de un año.
“Se hicieron todas las diligencias necesarias para garantizar ante los jueces que existen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, afirmó.
El 22 de junio, sin embargo, el juez Mario Elizondo Martínez negó la orden de captura por falta de fundamentos. La Fiscalía cambió de ventanilla y acudió a la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien vinculó a proceso al exgobernador panista y le dictó prisión preventiva en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano. Ruffo, de 74 años, se convirtió en el primer gobernador opositor encarcelado desde 1989.
En el caso Rocha Moya, la presidenta pidió a la FGR abrir indagatorias. La institución lo hizo de inmediato y el 8 de julio informó que “no se han encontrado elementos de prueba ni el estándar mínimo indispensable que exige la ley mexicana para ejercer acción penal”.
La rapidez en cerrar el expediente contrasta con la insistencia de Sheinbaum en que Ruffo debía enfrentar la justicia.
La oposición, principalmente el PAN, acusa que Ruffo es el primer preso político del gobierno de Sheinbaum. No obstante, el antecedente inmediato es César Duarte, exgobernador de Chihuahua, a quien la jueza María Jazmín Ambriz López dictó prisión preventiva justificada en diciembre pasado por operaciones con recursos ilícitos por más de 73 millones de pesos.
Duarte también fue recluido en el Penal de Máxima Seguridad de Almoloya de Juárez.
La narrativa es clara: siete veces Sheinbaum ha exigido pruebas contra Rocha, mientras que en el caso Ruffo defendió la solidez de las investigaciones de la FGR. La vara cambia según el color político del acusado.
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