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Breve nota sobre el desastre penitenciario

De acuerdo con el artículo 18 constitucional, el sistema penitenciario se debe organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos y el objetivo de la reinserción social. La realidad es otra: no existe un “sistema”, sino un conjunto de penales con distintos grados de deterioro, y sin un modelo nacional que oriente en los hechos su desarrollo; las condiciones laborales del personal custodio son precarias; hay una sobrepoblación creciente por el abuso expansivo de la prisión preventiva; y las condiciones de internamiento son lamentables. Los centros penitenciarios se han convertido así en el destino de las fallas acumuladas de un sinfín de actores políticos, de las policías y de las fiscalías, y concentran las debilidades y las deformidades de un Estado claramente incapaz de procurar mínimos de seguridad y justicia.

Y lo que se atisba, de por sí grave, no es la totalidad del desastre, pues los datos oficiales ofrecen un panorama incompleto. Por ejemplo, la información sobre el personal custodio generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es escasa, fragmentaria e inconsistente. A través del análisis de respuestas a solicitudes de transparencia, Causa en Común y la organización Perteneces identificaron que en ninguna entidad se ha constituido el servicio profesional de carrera del personal custodio. Sólo en cuatro entidades las academias policiales capacitan en principio a personal para la función penitenciaria y, en materia de seguridad social, únicamente Guanajuato contempla en su normativa el acceso de los custodios a la totalidad de las prestaciones previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin que ello garantice su otorgamiento efectivo. Por su parte, las carencias laborales para el personal custodio son igualmente evidentes: sólo en 20 entidades se le reconoce el derecho a percibir aguinaldo y contar con días de vacaciones, mientras que sólo en 19 se les reconoce el acceso a seguros de salud y de retiro.

La precariedad de las condiciones laborales de los custodios se acompaña de una creciente saturación de los penales. Por un lado, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre 2015 y 2026 el número de penales estatales disminuyó de 298 a 261. Pese al cierre de penales estatales, el número de espacios habría aumentado 18% durante el mismo periodo. Sin embargo, incluso en el extraño caso de que esto fuera cierto, este incremento no ha sido proporcional al crecimiento de la población privada de la libertad. Por su parte, en el ámbito federal, el número de penales disminuyó de 19 a 14 entre 2019 y 2026, mientras que, otra vez de manera extraña, el número de espacios se mantuvo prácticamente igual, al tiempo que la población penitenciaria aumentó, especialmente a partir de 2025, año en que comenzó a rebasar el número de espacios.

De acuerdo con la SSPC, en septiembre de 2026, México contaba con 276,873 personas privadas de la libertad. En los penales estatales, responsables de la población encarcelada por delitos del fuero común, el número de personas privadas de la libertad aumentó 47% entre 2018 y 2026, hasta alcanzar un máximo histórico. La sobrepoblación en los penales estatales llegó a 38,796 personas, es decir, 19% por encima de la capacidad instalada. En total, 20 entidades reportaban sobrepoblación; entre las más preocupantes se encontraban Nayarit (257%), Estado de México (125%), Morelos (115%), Sonora (108%) y Quintana Roo (103%).

El aumento de la población penitenciaria tiene explicaciones más allá del comportamiento delictivo. La expansión de la prisión preventiva oficiosa, o prisión automática, constituye la forma más clara e injusta de suplir las deficiencias estructurales, las cargas de trabajo insostenibles y la falta de capacidades de investigación por parte de las fiscalías. La prisión preventiva oficiosa fue concebida originalmente como una medida de carácter excepcional, limitada a un catálogo reducido de delitos y circunstancias. Sin embargo, durante el gobierno de López Obrador se reformó el artículo 19 constitucional para ampliar de siete a 18 el número de delitos que ameritan esta medida. Posteriormente, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el catálogo volvió a expandirse, pasando de 18 a 21 delitos.

Los registros de la SSPC muestran que, entre 2019 y 2021, aumentó el número de personas privadas de la libertad sin sentencia. Después de un periodo de descenso, a partir de 2025 se observa otro repunte, coincidente con la segunda expansión de la prisión preventiva oficiosa. Para septiembre de 2026, las personas encarceladas sin sentencia alcanzaron las 122,549, equivalentes al 44% de la población penitenciaria total. Al imponer la privación de la libertad sin una valoración judicial individualizada, se agrava la injusticia de encarcelar a personas jurídicamente inocentes, se incrementan las presiones sobre una capacidad de por sí ya rebasada, y se perpetúan los desincentivos para desarrollar fiscalías competentes.

No existen evaluaciones oficiales ni registros públicos actualizados y transparentes que permitan conocer a profundidad las condiciones de vida al interior de los penales. Una fuente es la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI, que no ha sido actualizada desde 2021. Sus resultados advertían sobre condiciones de hacinamiento y aislamiento. Al menos 46% declaraba compartir su celda con más de cinco personas, y 34% declaró haber sido víctima de algún delito, principalmente robos, extorsión, amenazas, lesiones, hostigamiento y violación sexual. Por su parte, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), identificó deficiencias graves en las condiciones de internamiento y de gobernabilidad. El 92% de los penales estatales registraba insuficiencia de personal custodio y 90% incumplía con la debida separación entre personas con y sin sentencia. Además, en al menos 40% de los penales se detectaron prácticas ilícitas y en al menos 31 penales prácticas de autogobierno o “cogobierno”; es decir, situaciones en las que las personas privadas de la libertad ejercen o participan en funciones que corresponden exclusivamente a la autoridad penitenciaria.

En cuanto a violencia, de acuerdo con los registros de la SSPC, entre 2022 y 2025 se registraron 3,145 agresiones, 339 suicidios, 1,989 riñas y 47 homicidios. Los hechos registrados durante 2026, incluidos fugas, motines, riñas con múltiples víctimas y denuncias de abusos y extorsiones, evidencian la ingobernabilidad persistente en diversos centros penitenciarios.

La incapacidad institucional también se refleja en los “resultados” de la Ley de Amnistía, aprobada en 2020, y sobre los cuales no hay información puntual. Al parecer, para agosto de 2026, 2,395 personas habían presentado solicitudes ante la Comisión de Amnistía Federal; de ellas, apenas 491 fueron declaradas procedentes y, de éstas últimas, 425 fueron calificadas favorablemente por un juez federal, un 18% del total. Además de sus limitaciones en cuanto a los delitos y supuestos previstos, la amnistía enfrenta obstáculos derivados de la expansión de la prisión preventiva oficiosa, que anula sus alcances cuando las solicitudes se desechan por estar relacionadas con delitos que suponen dicha medida.

Así las cosas, los presos y sus familias, la sociedad toda, seguirán padeciendo las consecuencias de la sobrepoblación, el autogobierno y las condiciones de violenta sobrevivencia. Se trata de una descomposición no muy distinta a la que padecen policías, fiscalías, y ahora también el Poder Judicial; descomposición natural mientras prevalezcan la demagogia, la ineptitud y la impunidad.

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