En México existe una de las herramientas jurídicas más importantes para defender a las personas frente a los actos de autoridad: el juicio de amparo.
En teoría, cualquier persona puede acudir a él cuando considera que alguno de sus derechos ha sido vulnerado.
En la práctica no siempre es tan sencillo, para promover un amparo hay que saber que esa posibilidad existe, entender cuándo procede, encontrar a alguien que pueda preparar la demanda, reunir documentos, cumplir plazos y seguir un procedimiento que para la mayoría de las personas resulta completamente ajeno.
Y ahí aparece una contradicción difícil de ignorar, una herramienta creada para proteger derechos puede terminar siendo accesible, sobre todo, para quienes tienen dinero, información o contacto con un abogado.
El amparo puede cambiar una vida, puede detener un acto de autoridad, permitir que una persona acceda a un tratamiento médico, proteger a un niño frente a una vulneración de sus derechos, impedir una afectación irreversible o revisar una decisión que compromete la libertad de alguien.
Pero para que todo eso ocurra, primero alguien tiene que saber cómo activar el sistema.
Durante años de ejercicio profesional he visto casos en los que una suspensión concedida a tiempo hizo toda la diferencia, también he visto personas llegar después de meses de enfrentar una negativa de autoridad sin saber que existía una vía para defenderse, este desconocimiento también genera desigualdad.
Quienes somos abogados conocemos palabras como suspensión, acto reclamado, interés jurídico, interés legítimo o autoridad responsable, sabemos que existen plazos y que, en ciertos asuntos, actuar rápido puede ser determinante, la mayoría de las personas no tiene por qué saberlo, y no deberían necesitar estudiar Derecho para poder defender sus derechos.
No basta con que el amparo exista en nuestras leyes, tiene que ser realmente accesible: contar con defensorías fortalecidas, clínicas jurídicas universitarias, organizaciones de la sociedad civil, abogados que realicen trabajo probono y mecanismos de orientación capaces de decirle a una persona qué puede hacer cuando una autoridad vulnera sus derechos.
He visto a familias que buscan atención médica para sus hijos, personas privadas de la libertad que necesitan revisar su situación jurídica, comunidades escolares que exigen condiciones dignas, personas que enfrentan decisiones de autoridad que afectan directamente su vida.
En muchos de esos casos el amparo ha sido una herramienta fundamental, pero detrás de cada expediente aparece una pregunta que no deberíamos perder de vista:
¿Qué habría pasado si esa persona nunca hubiera encontrado a alguien que le explicara que podía defenderse?
Probablemente su derecho habría seguido existiendo en la Constitución, sólo que no habría podido ejercerlo, el problema, entonces, no es únicamente jurídico, también es económico, educativo y social.
Si para utilizar una de las herramientas más importantes de protección de derechos se necesita contratar a un especialista que muchas personas no pueden pagar, tenemos una barrera que debemos reconocer, no propongo que el juicio de amparo deje de ser técnicamente riguroso, lo que debemos hacer es construir puentes para que esa complejidad no excluya.
El amparo ha sido una pieza fundamental en la protección de derechos en México, pero su verdadero valor no debería medirse solamente por las grandes sentencias que produce, también debería medirse por cuántas personas pueden realmente utilizarlo cuando lo necesitan.
Porque un mecanismo de protección que sólo está al alcance de algunos, corre el riesgo de convertirse en otro factor de desigualdad.
El amparo existe para proteger derechos.
No debería ser un privilegio.
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