Imaginemos un avión cisterna británico sobre el mar Rojo. Un caza saudí se aproxima, recibe combustible y continúa hacia Yemen. La tripulación del Voyager no elige sus objetivos ni dispara sus armas. Sin embargo, si ese combustible permite realizar un bombardeo, ¿dónde termina la asistencia técnica y comienza la responsabilidad política? Esa es la pregunta que Londres tendrá que responder.
El 20 de octubre, tras los ataques hutías contra el aeropuerto de Riad, donde murieron trece personas, el gobierno británico anunció nuevas medidas de apoyo a Arabia Saudita. Enviará cazas Typhoon para interceptar drones y misiles sobre territorio saudí, un A400M para transportar material y asesores militares. También prorrogó noventa días el reabastecimiento en vuelo, iniciado en septiembre mediante un Voyager. Londres insiste en que sus cazas no atacarán objetivos en Yemen.
La distinción parece clara hasta leer los documentos oficiales. El Ministerio de Defensa presenta toda la operación como defensiva, pero afirma que el combustible británico también respaldará misiones saudíes destinadas a destruir objetivos militares hutías dentro de Yemen. La defensa de ciudades saudíes y los ataques contra posiciones enemigas quedan así reunidos bajo una misma etiqueta. No son, sin embargo, operaciones equivalentes. Proteger el espacio aéreo propio no plantea las mismas preguntas que facilitar bombardeos al otro lado de una frontera.
Hay un precedente difícil. Desde 2015, Estados Unidos reabasteció aviones de la coalición saudí durante la guerra de Yemen. En agosto de 2018, un ataque contra un autobús en Dahyan mató a decenas de niños. En octubre, el periodista saudí Jamal Khashoggi fue asesinado y desmembrado en el consulado de su país, en Estambul. Aunque fueron hechos distintos, ambos intensificaron el escrutinio sobre Riad y sus aliados. En noviembre, Washington dejó de proporcionar oficialmente combustible en vuelo, a petición saudí, ante presiones del Congreso. El apoyo logístico tenía un costo político alto. El asesinato de Khashoggi no estuvo vinculado con los ataques en Yemen, pero agravó el cuestionamiento público de la alianza saudí.
También puede tener consecuencias jurídicas, pero hay que aclararlas. El artículo 16 de los artículos sobre responsabilidad internacional del Estado, elaborados por la Comisión de Derecho Internacional, contempla la responsabilidad de quien ayuda a otro Estado a cometer un hecho ilícito, con conocimiento de las circunstancias y bajo determinadas condiciones. No basta, por tanto, con demostrar que hubo combustible británico. Importan el uso concreto de esa ayuda, la información disponible y la legalidad de los ataques facilitados, aun si los pilotos no disparan. Precisamente por eso, presentar toda la operación como defensiva no resuelve el problema. El nombre que un gobierno asigna a su misión no sustituye el examen de lo que sus medios permiten hacer en la práctica.
Para los hutías, la diferencia tampoco será necesariamente convincente. Podrían considerar que los aviones de reabastecimiento participan en la campaña saudí y amenazar su seguridad. Eso no convierte automáticamente a las cisternas en objetivos legítimos, su situación debe examinarse conforme al derecho de los conflictos armados. Pero muestra que las definiciones de Londres no controlan las respuestas de sus adversarios.
El ministro de Defensa, Wes Streeting, justifica el despliegue por la seguridad regional y sus efectos sobre la energía, el comercio y los precios que pagan los británicos. El argumento es comprensible pues los ataques hutíes amenazan civiles e infraestructura. Tiene, sin embargo, un riesgo inverso: una mayor implicación británica podría alimentar la escalada que busca contener.
La prórroga vence en enero. Para entonces, Londres deberá decidir si renueva el suministro y bajo qué límites. La pregunta no es únicamente quién lanza las bombas, sino qué responsabilidad asume quien permite que los aviones lleguen hasta sus objetivos.
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