El 8 de octubre, el ministro francés de Educación, Édouard Geffray, anunció el envío de 3 mil docentes suplentes a los liceos con mayores dificultades. Son profesores disponibles, pendientes de asignación. Su incorporación, prevista entre el 9 y el 13 de octubre, ofrece una primera respuesta a los adolescentes que llevan semanas reclamando tener lo más elemental que una escuela debe ofrecer: clases.
Sus demandas caben en un salón: profesores presentes, edificios habitables y tiempo suficiente para comer. La protesta, nacida en septiembre en la periferia parisina, reunió el 6 de octubre a más de 250 mil personas, según Interior; los organizadores calcularon 450 mil. Padres y profesores acompañaron a los estudiantes.
La promesa republicana de reducir el peso del origen social sobre el futuro depende de esas condiciones materiales. Una clase cancelada pesa de manera distinta para quien puede pagar un tutor y para quien depende enteramente del profesor que falta. El Estado exige competir después de ofrecer condiciones desiguales de preparación; para justificarse, atribuye al mérito individual buena parte de sus omisiones.
La existencia de esos suplentes obliga a revisar también la gestión de esta crisis. Geffray atribuyó la demora a carencias en las herramientas para identificar necesidades. Habría que distinguir la falta de plazas de los problemas de asignación. Los alumnos necesitan saber quién llegará a su escuela, qué materia impartirá y durante cuánto tiempo, especialmente quienes están por concluir el bachillerato.
El proyecto presupuestario de 2027 prevé aumentar el gasto educativo 1.7%, por debajo de la inflación: 65 mil 530 millones de euros, excluidas las pensiones docentes. Con esas cifras, el servicio de la deuda alcanzaría 74 mil 500 millones. La disciplina fiscal tiene razones atendibles: una deuda más cara compromete recursos para los servicios públicos. Pero la decisión difícil consiste en distribuir ese costo sin agravar las desventajas de quienes apenas comienzan su formación. Aplazar una reparación parece una economía hasta que obliga a cerrar un aula.
El presupuesto mexicano ofrece otro ejemplo de esa tensión. El proyecto de 2027 propone reducir La Escuela es Nuestra de 26 mil a 20 mil millones de pesos. Son 6 mil millones menos para el programa que financia infraestructura y equipamiento escolar. Al mismo tiempo, la propuesta contempla aumentos para becas. Esa distribución es cuestionable pues ampliar los apoyos a estudiantes exige también sostener las escuelas donde estudian.
En Francia, la violencia complica esa responsabilidad. Hay escuelas incendiadas, agresiones contra agentes y denuncias de fuerza policial desproporcionada contra menores. El gobierno debe proteger a quienes enseñan, protestan y mantienen el orden, e investigar las conductas de cada responsable. Las escuelas destruidas agravan las carencias originales; así como las manifestaciones violentas puede convertir una demanda educativa en un agravio contra la autoridad. Sin duda, la legitimidad de las demandas y la responsabilidad individual por los actos violentos requieren respuestas distintas.
La presidencial de 2027 añade incentivos para apropiarse del descontento. Jean-Luc Mélenchon respalda la movilización; el gobierno y la extrema derecha acusan a su partido de alentar el desorden. Entre esas estrategias, la continuidad de las clases necesita responsables, recursos y fechas de cumplimiento. La urgencia electoral puede acelerar una solución, aunque también favorecer medidas visibles cuyo alcance se agote antes de restablecer la enseñanza cotidiana.
Los adolescentes están recibiendo educación política mientras esperan recuperar la escolar. Si las instituciones responden únicamente después de semanas de bloqueos, enseñan que interrumpir la normalidad es una condición para obtener atención. Y esa lección puede durar más que la protesta. La República tendrá que convivir con ciudadanos que recordarán cuánto esfuerzo les costó conseguir que alguien llegara a dar clases.
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