Hace algunos días, la Unión Internacional de Magistrados (UIM), organización profesional fundada en 1953 que agrupa asociaciones nacionales de jueces de 94 países y defiende la independencia judicial, expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (CONATRIB) por respaldar la reforma judicial. Es la primera expulsión en la historia de la UIM y una condena de pares excepcional. La organización consideró que la CONATRIB, que reúne a las presidencias de los tribunales superiores de las 32 entidades federativas, incumplió su deber de defender la independencia de los tribunales frente al poder político al limitarse a pedir una aplicación gradual de la reforma.
La sanción también responde a las advertencias que la UIM formuló desde agosto de 2024 sobre la elección popular de jueces prevista en la reforma mexicana. En su momento, el gobierno defendió ese modelo alegando que algunos estados de Estados Unidos también eligen jueces por voto popular. Sin embargo, la comparación omitía las diferencias entre ambos sistemas y la politización del proceso mexicano, cuyas candidaturas quedaron sujetas a filtros políticos bajo el predominio de Morena y sus aliados. La comunidad internacional estimó que la CONATRIB debió defender la autonomía de los tribunales que representa y que, al respaldar la reforma, traicionó el principio que da sentido a su existencia: la defensa de la independencia judicial frente al poder político.
La reforma destituyó anticipadamente a miles de jueces y magistrados en funciones, desmanteló la carrera judicial y sustituyó los criterios profesionales de selección por un proceso electoral politizado. Los jueces perdieron garantías para desarrollar su carrera al margen de intereses partidarios, lo que debilitó la capacidad de los tribunales para resolver controversias contra el gobierno, proteger el patrimonio de las personas y sancionar abusos sin presiones políticas. La promesa de devolver la justicia al pueblo no corrigió las deficiencias estructurales ni puso fin a la corrupción y los retrasos judiciales; por el contrario, agravó estos problemas.
La expulsión de la CONATRIB cobra especial relevancia ante el deterioro del Estado de derecho. En el índice del World Justice Project, México cayó del lugar 99 entre 126 países en 2019, al 121 entre 143 en 2025 y al 125 en 2026. En la evaluación más reciente ocupó el lugar 139 en justicia penal y el 135 en ausencia de corrupción. Estos resultados reflejan deficiencias persistentes que la reforma no corrigió y que ahora cuentan con menos contrapesos institucionales.
Las impugnaciones de la reforma judicial también llegaron al sistema interamericano. En mayo de 2025, catorce jueces y exjueces federales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar afectaciones a la independencia judicial, la igualdad y la no discriminación, con especial impacto en la participación de las mujeres en la judicatura. Los peticionarios buscan una reparación integral y el fortalecimiento de las garantías internacionales frente a reformas que comprometan la autonomía de los jueces. La Comisión solicitó observaciones al gobierno mexicano, cuyo plazo para responder venció el 15 de mayo de 2026 sin que hubiera contestado. Su silencio constituye un desdén hacia el organismo y los mecanismos regionales de protección de los derechos humanos, y cuestiona el compromiso gubernamental con la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas. La expulsión de la CONATRIB refleja las serias reservas de la comunidad judicial internacional tanto frente a la reforma judicial mexicana como ante la actuación de la organización que debía defender la autonomía de los tribunales y que, en cambio, respaldó su transformación. La sanción trasciende el caso de México y pone en evidencia la gravedad de comprometer la independencia judicial en nombre de una supuesta democratización de la justici
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