Por mi trabajo, converso con personas que quieren competir por un cargo público. Muchas, apenas se sientan, me preguntan: “¿Qué tan riesgoso es que me postule, como está la situación del país?”. Antes de hablar de votos, quieren saber si podrán regresar a su casa.
La pregunta me preocupa por lo que revela. Quienes aspiran a gobernar perciben su vulnerabilidad. Entre opositores aparece, además, la preocupación de tener que pedir protección a las autoridades cuyos intereses políticos pretenden enfrentar. Así estamos: buscando quién garantiza que competir no termine en una sentencia de muerte.
Esas conversaciones me llevaron a revisar experiencias, evaluar respuestas y formular una propuesta. En una mesa de la IACP escuché a mandos de la Policía del Capitolio estadounidense explicar cómo atienden amenazas contra legisladores. Reconozco su trabajo y la seriedad con que abordan señales que muchos preferirían minimizar.
Un ejemplo: alguien menciona dónde juega futbol la nieta de un legislador y comenta que sería terrible que resultara lastimada. Aunque no alcance para una acusación penal, merece atención. Esperar al disparo facilita clasificar el delito, pero sirve bastante poco para proteger a la víctima.
En 2018, Etellekt documentó 48 precandidatos y candidatos asesinados; en 2021, registró 36. Para 2024, Integralia contabilizó 39 aspirantes o candidatos. Son 123 víctimas al sumar esos recuentos de metodologías distintas. Suficientes para exigir respuestas y dejar de tratar cada asesinato como una sorpresa.
Propongo Democracia sin Violencia, un modelo de atención con seis obligaciones: detectar, evaluar, proteger, coordinar, investigar y supervisar. Puede comenzar mediante convenios entre instituciones de seguridad, fiscalías y autoridades electorales. Cada obligación necesita responsables, presupuesto y plazos.
Detectar. Recibir reportes desde que una persona manifieste su intención de competir. Registrar amenazas contra ella, familiares y colaboradores; presiones para retirarse y exigencias de dinero. Cada aviso debe tener folio, responsable y contacto inmediato. El agresor no espera el registro de candidaturas. La autoridad tampoco debería hacerlo.
Evaluar. Integrar equipos regionales de policías, analistas y fiscales que revisen antecedentes, vigilancia, capacidad del agresor y contexto territorial. Incorporar especialistas en conducta cuando corresponda. Actualizar el riesgo con cada incidente. Si una autoridad es señalada como posible origen de la amenaza, debe quedar fuera de la decisión sobre la protección.
Proteger. Activar medidas provisionales ante peligro inminente mientras termina la evaluación: respuesta policial, revisión de domicilios y eventos, traslados seguros y protección familiar según el caso. Establecer tiempos máximos y contactos de emergencia. Nadie debería pasar sus últimas horas esperando que le contesten un oficio.
Coordinar. Nombrar un responsable operativo por caso. Acordar quién aporta agentes, vehículos y recursos; quién paga y cómo se cubren relevos. Dos escoltas agotados, sin información ni equipo, permiten presumir que se concedió protección. También pueden terminar convertidos en víctimas.
Investigar. Perseguir al ejecutor y a quienes ordenan o financian la amenaza. Revisar conexiones entre agresiones en distintos municipios y mantener informada a la víctima. La protección no puede sustituir la investigación ni acostumbrarnos a que el amenazado viva encerrado mientras el agresor sigue trabajando.
Supervisar. Documentar decisiones, someterlas a revisión externa y publicar tiempos de respuesta y cumplimiento, resguardando datos sensibles. Mantener las medidas después de la elección mientras persista el peligro. Aplicar los mismos criterios a todos los partidos.
Empezaría en regiones de mayor riesgo, evaluando resultados y corrigiendo fallas. He dirigido policías y conozco las limitaciones. También conozco las consecuencias de improvisar.
Quien se sienta frente a mí merece preguntar cómo ganar una elección. Que primero tenga que preguntar si sobrevivirá a ella debería avergonzar a quienes gobiernan. Y obligarlos a actuar antes de recibir otra esquela.
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