El Departamento del Tesoro de Estados Unidos provocó este 29 de septiembre un sismo político en Baja California. Las sanciones contra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, tienen una magnitud que obliga a exigir consecuencias. Desde mi perspectiva, la primera debe ser que la mandataria solicite licencia para separarse inmediatamente del cargo.
Washington señala a Torres como un operador político aliado de Juan José Ponce Félix, el Ruso, y le atribuye utilizar su influencia para proteger al Cártel de Sinaloa. También afirma que la narcocorrupción alcanzó los niveles más altos del gobierno estatal. Son señalamientos oficiales que requieren investigación y respuestas, no otro acto de propaganda.
El comunicado ofrece además una explicación sobre la cancelación de la visa de Torres en mayo de 2025. Según el Tesoro, obedeció a sus vínculos y actividades en favor del cártel. Lo que entonces se presentó como una circunstancia administrativa tiene ahora una explicación muy distinta. La gobernadora debe aclarar qué sabía y por qué los ciudadanos recibieron aquella versión.
Esto no confirma todos los rumores que circularon desde entonces, pero sí da sustento oficial a cuestionamientos que fueron descalificados. Tampoco una sanción financiera equivale a una sentencia penal. Las responsabilidades individuales deberán probarse. La responsabilidad política de quien encabeza un gobierno, sin embargo, no puede aplazarse hasta que termine un juicio.
Marina debe separarse porque necesita esclarecerse cuánto poder ejerció Torres durante su administración. Ser su esposo no demuestra complicidad. El problema es determinar qué puertas le abrió el gobierno, sobre qué funcionarios tenía influencia y si esa cercanía permitió las conductas que hoy le atribuye Estados Unidos. Ella tiene la obligación de responder por la conducción del Ejecutivo.
Debe separarse también para que la revisión de su entorno no dependa de la estructura que ella dirige. Las autoridades mexicanas necesitan investigar con independencia, revisar decisiones y seguir el dinero. Mantener intacta la conducción política cuestionada alimentará la desconfianza, aunque se anuncien investigaciones y se multipliquen las declaraciones de buena voluntad.
La onda de impacto alcanzará a Ismael Burgueño. El alcalde de Tijuana incorporó a Torres como coordinador de Proyectos Estratégicos. Tendrá que explicar sus funciones, su acceso y su participación en decisiones municipales. Esa relación institucional merece escrutinio. El Ayuntamiento no puede responder como si Torres hubiera sido solamente un visitante que apareció en algunas fotografías.
Julieta Ramírez, recién designada coordinadora de Morena, enfrentará también consecuencias políticas. Parte de su trayectoria se construyó junto a Marina del Pilar. Si pretende representar el futuro de Baja California, deberá explicar qué revisaría de esa administración. Pedir continuidad sin responder por el gobierno del que surgió sería pedirles a los ciudadanos que olviden antes de conocer.
Siempre he reconocido tres cualidades del gobierno estadounidense. Personal profesional, capacidad tecnológica y, sobre todo, paciencia. Durante meses pueden avanzar investigaciones mientras aquí se interpreta el silencio como tranquilidad. El tiempo transcurrido desde la cancelación de las visas debería advertirles que una crisis no desaparece porque deje de ocupar temporalmente los titulares.
Baja California enfrenta este golpe con violencia, infraestructura insuficiente y problemas de agua y electricidad. Necesita un gobierno concentrado en resolver, no una administración dedicada a contener el escándalo de su círculo cercano. La pérdida de confianza dificulta gobernar y compromete cualquier esfuerzo para recuperar la seguridad.
Marina del Pilar debe solicitar inmediatamente licencia al Congreso para separarse del cargo. No se trata de declararla culpable por su matrimonio. Se trata de exigir responsabilidad por el poder que permitió ejercer y de esclarecer si hubo protección gubernamental al crimen. Baja California no tiene por qué esperar hasta junio de 2027 para recibir explicaciones.
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