Para que se cometa el delito de traición a la patria se requiere que la conducta del autor tenga la finalidad de someter a la nación mexicana a una persona, gobierno o grupo extranjero.
Es claro que haber permitido la presencia de agentes de la CIA en el operativo que desmanteló el narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua no tenía el propósito de que nuestro país quedara sometido al gobierno estadounidense.
Suponiendo que esa presencia bastara para que se concretara dicho delito, tendría que acusarse también a las decenas de soldados que participaron en la acción, así hubiese sido con una “vigilancia perimetral”, y a quien les dio la orden de que lo hicieran.
Las dictaduras acusan a los adversarios políticos, a los disidentes e incluso a quienes consideran indeseables de traición a la patria o delitos similares. El gobierno de Daniel Ortega acusó a los opositores, periodistas, religiosos y activistas que ha expulsado del país y privado de su nacionalidad de cometer traición a la patria y atentar contra la soberanía nacional.
El gobierno de Nicolás Maduro encarceló a numerosos ciudadanos acusándolos de traición a la patria, e inició una investigación contra la líder opositora María Corina Machado imputándole el mismo delito.
La dictadura cubana suele encarcelar a opositores y disidentes acusándolos de delitos contra la seguridad del Estado, ya que, según la acusación, reciben financiamiento externo y actúan al servicio de intereses extranjeros, particularmente de Estados Unidos, para desestabilizar al gobierno.
La dictadura soviética enviaba al gulag o al paredón a disidentes acusándolos de traición a la patria por conspirar con potencias extranjeras, espionaje o sabotaje contra la economía y el Estado soviético.
El régimen nazi acusaba a quienes consideraba sus adversarios de romper la Volksgemeinschaft (comunidad del pueblo), argumentando que sus críticas debilitaban la unidad nacional.
El gobierno de Claudia Sheinbaum sigue la misma línea abusiva del de López Obrador también en materia punitiva. ¿Quién no recuerda la infame persecución contra 31 científicos o el encarcelamiento de Alejandra Cuevas debido a la influencia del fiscal Alejandro Gertz Manero?
El principio de legalidad penal, herencia de la Ilustración, de acuerdo con el cual las conductas punibles deben estar exactamente descritas en la ley, ha sido una barrera contra los abusos del Estado en materia de justicia penal.
Desconociendo ese principio se puede encarcelar a cualquiera sin que haya realizado una acción u omisión prohibida expresamente por la ley. Es la puerta abierta a los abusos sin límite. Es el terrorismo penal.
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