Fernando V. Ávila C.
Cuando pensamos en el México posrevolucionario de finales de 1918, la memoria histórica suele invocar grandes batallas, acuerdos constitucionales de alcance nacional o míticos caudillos disputándose el poder. Sin embargo, paralela a esa macrohistoria escrita con letras mayúsculas, transcurría la trinchera del día a día: la de los artesanos, comerciantes e individuos de a pie que intentaban sostener sus economías familiares en una capital golpeada por la inestabilidad política, la inflación y las reformas fiscales del periodo.
A través de los anaqueles del Archivo Histórico de la Ciudad de México, ha sobrevivido un fragmento minúsculo pero revelador de este choque entre el ciudadano común y el incipiente aparato burocrático de la época: la historia administrativa de don Lauro Flores, un sastre que intentó desafiar —o al menos negociar— una multa impuesta por las autoridades municipales. El expediente nos sitúa geográficamente en el corazón mercantil y social de la capital. El sastre Lauro Flores regentaba su taller en la 2ª calle de La Moneda número 22 letra A, un pasaje histórico a unos pasos del Zócalo capitalino donde el ajetreo comercial convivía con la constante supervisión de los inspectores del Ayuntamiento.
Por no contar con la licencia correspondiente para su establecimiento —el cual apenas tenía pocos días de haber abierto sus puertas—, las autoridades municipales procedieron a levantarle una infracción e imponer una multa inicial de diez pesos. Para un sastre a domicilio, esta suma resultaba desproporcionada y sumamente gravosa para las finanzas de su negocio recién instalado. Frente a esta sanción inicial, Lauro Flores —quien habitaba en la calle del Cacahuatal número 29— apeló al derecho de petición y dirigió un primer escrito el 14 de noviembre de 1918 solicitando apoyo e invocando la difícil situación económica por la que atravesaba.
Como respuesta, el 10 de diciembre de 1918, por acuerdo del presidente municipal y tras reconsiderar el caso, el Ayuntamiento notificó que, apelando al “principio de equidad”, la multa se le reducía a cinco pesos. Sin embargo, la notificación expedida por el secretario general bajo el lema ‘Constitución y Reformas’ conllevaba una severa advertencia: se le otorgaba un plazo perentorio de cinco días para pasar a la sección correspondiente a realizar el entero, apercibido de que, en caso de no hacerlo, la sanción económica se conmutaría por “pena corporal” (arresto), en estricto apego al artículo 21 de la Constitución promulgada en 1917.
Lejos de poder saldar la suma reducida, la presión financiera sobre el artesano se agudizó. Aunque a ojos contemporáneos cinco pesos puedan parecer una cifra menor, en el contexto financiero de finales de 1918 representaba el fruto del trabajo diario de varias jornadas para un trabajador textil. El 17 de diciembre de 1918, Flores envió una segunda carta dirigida formalmente al C. presidente del H. Ayuntamiento explicando que le era imposible pagar incluso los cinco pesos debido a que, ante las dificultades acumuladas, se había visto en la penosa necesidad de cerrar el taller y perder el dinero invertido.
La respuesta del aparato burocrático municipal no se hizo esperar, reflejando el rigor institucional con el que se buscaba disciplinar y ordenar fiscalmente la capital bajo el nuevo marco constitucional. Con fecha 28 de diciembre de 1918 —en pleno cierre de año—, el secretario general comunicó de manera formal la negativa del presidente municipal, dictaminando de forma categórica que “no había lugar a más condonación” y manteniendo firme el cobro bajo la amenaza implícita de cárcel.
El desenlace de este litigio administrativo tuvo lugar el 6 de enero de 1919, fecha en la que Lauro Flores finalmente acudió a saldar los cinco pesos ante la inminente amenaza de la pena corporal. Este expediente constituye una muestra fascinante del impacto que la presión fiscal ejercía sobre los artífices de la hechura y los pequeños trabajadores independientes en la Ciudad de México. Muestra cómo un conflicto derivado de una simple licencia comercial desencadenó una disputa legal de casi dos meses, donde la supervivencia de un taller de sastrería se debatió entre la rigidez de la hacienda local, la apelación a la equidad y la sombra del arresto.
*Fernando Vialli Ávila Campos. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto Mora. Sus principales líneas de investigación son la historia social y laboral, enfocada en artesanos y en los sectores populares de la Ciudad de México de la primera mitad del siglo XX.
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