Al principio nos fuimos con la finta. Todo parecía una diferencia entre el gobierno federal y uno estatal de oposición. Claudia Sheinbaum cuestionaba la participación de agentes estadounidenses en Chihuahua, mientras Maru Campos sumaba a su causa voces del panismo y otras fuerzas políticas. La discusión parecía enfrentar la defensa de la soberanía con los resultados de un importante golpe al narcotráfico.
Esa lectura política persiste, alimentada por la ruptura entre la gobernadora y su antiguo colaborador, César Jáuregui. Sin embargo, hoy conocemos errores específicos que obligan a mirar más allá de las disputas partidistas.
Incluso hay un dato interesante: después de aparentes diferencias, las fiscalías federal y estatal terminaron coordinándose para detener al mismo exfiscal, por delitos distintos derivados de los mismos hechos. La coordinación fue reconocida oficialmente, aunque sigue sin explicarse por qué dos investigaciones desarrolladas durante seis meses desembocaron en órdenes ejecutadas prácticamente al mismo tiempo.
Pero vayamos al origen.
En abril murieron cuatro personas tras un operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas en El Pinal, Chihuahua: dos funcionarios mexicanos y dos estadounidenses vinculados con la CIA. El accidente reveló una colaboración que, según las investigaciones, habría comenzado en octubre de 2025 y en la que participaron al menos cuatro extranjeros.
El laboratorio era importante: más de 55 mil litros de sustancias químicas líquidas, alrededor de 50 toneladas de materiales sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina, además de maquinaria especializada. Un aseguramiento considerable cuyo procesamiento y desmantelamiento formal asumió posteriormente la FGR.
¿Dónde estuvieron los posibles errores?
Primero, en permitir que agentes extranjeros pasaran del intercambio de inteligencia a la participación operativa. Se documentaron visitas a instalaciones policiales y despliegues conjuntos. Incluso existen testimonios sobre una presunta entrega de armas largas.
Segundo, en las autorizaciones. Los artículos 69, 70 y 71 de la Ley de Seguridad Nacional establecen controles sobre la presencia y actividades de agentes extranjeros. Compartir inteligencia no significa autorizarles funciones policiales.
Tercero, en la planeación. La FGR sostiene que no existía una carpeta de investigación previa que sustentara el operativo, además de cuestionar la comunicación tardía a las autoridades federales y las irregularidades en la cadena de custodia.
Cuarto, en las contradicciones. Inicialmente los estadounidenses fueron presentados como capacitadores en drones. Después surgieron testimonios y registros sobre su participación en otras actividades policiales.
También habrá que revisar las decisiones de seguridad de un operativo que terminó con cuatro fallecimientos, sin que el accidente, por sí mismo, demuestre negligencia.
Y aquí surge una pregunta: ¿cuál fue la motivación original? ¿Buscar un aseguramiento espectacular y aparecer como héroes? ¿Creer que el resultado justificaría cualquier procedimiento? ¿Desconocer las reglas de cooperación internacional, confiar excesivamente en relaciones personales o existe algo más de fondo?
Son preguntas, no conclusiones. Pero México y Estados Unidos tienen décadas de colaboración mediante enlaces, acuerdos y mecanismos de diplomacia policial. Resultaría preocupante que funcionarios de ese nivel ignoraran esas reglas.
De acreditarse las omisiones, podrían existir responsabilidades administrativas por incumplir obligaciones de autorización, reporte y supervisión. También penales, como las que investiga la Fiscalía estatal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.
La FGR fue mucho más lejos: traición a la patria.
El artículo 123 del Código Penal Federal contempla quince modalidades, con penas generalmente de cinco a cuarenta años de prisión. Incluyen atentados contra la soberanía, colaboración en hostilidades, facilitación de invasiones, entrega de información militar o encubrimiento de espionaje. Ninguna convierte automáticamente una cooperación irregular en traición a la patria.
La historia permite dimensionar el desafío. En 1867, Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron fusilados tras el triunfo de la República. Los dos generales mexicanos enfrentaron acusaciones de traición a la patria.
Desde entonces resulta difícil identificar condenas definitivas por ese delito. En 1916, Ernesto Velasco fue condenado a muerte por rebelión, tras acusaciones políticas de traición a la patria, pero finalmente indultado. En 1945, Carlos A. Madrazo enfrentó una acusación que no prosperó. En 2024, la FGR intentó proceder contra Joaquín Guzmán López por el traslado de Ismael Zambada a Estados Unidos, sin obtener una condena.
No puede afirmarse que sean todos los antecedentes, pero ilustran lo excepcional de esta figura penal.
Hoy la FGR habla de alrededor de 150 datos de prueba y Jáuregui permanece en prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica. Sin embargo, la cantidad de pruebas no sustituye la obligación de acreditar los elementos específicos del delito.
¿Por qué recurrir entonces a una acusación tan grave?
Una interpretación es que se pretende sentar un precedente a ambos lados de la frontera: advertir a las autoridades mexicanas que no pueden autorizar intervenciones extranjeras fuera de la ley y recordar a Estados Unidos que compartir inteligencia no concede facultades policiales en nuestro territorio.
Pero aún faltan explicaciones estadounidenses: ¿quién autorizó la misión, qué instrucciones recibieron los agentes y qué sabían sus superiores?
Y una última pregunta: entre tantas investigaciones sobre el operativo, ¿qué ocurrió con la identificación y detención de quienes operaban aquel enorme laboratorio?
Nos fuimos inicialmente con la finta política. Hoy conocemos elementos que merecen una investigación mucho más profunda.
La cooperación internacional no fue el error. El error pudo estar en creer que un resultado espectacular justificaba cualquier procedimiento. Pero tampoco la gravedad de las irregularidades convierte automáticamente a alguien en traidor a la patria.
Demostrar esa diferencia será, quizá, el precedente más importante de este caso.
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