Ha habido alguna confusión en el tema del predial. Los taquígrafos patrocinados por el narco partido (que todavía no les alcanza para comprar casa) critican a la oposición que pide no aumentarlo; los Robin Hood fiscales (que odian a personas ricas y exitosas) dicen que adelante, y los analistas sensatos aprueban, pero si hay mejor calidad del gasto y los servicios públicos. Veamos.
Es posible que en el futuro los dueños de inmuebles encuentren que pagarán un impuesto predial más alto porque se actualizaron los valores catastrales de su propiedad, aunque nadie haya sabido exactamente cuándo se hizo, cómo se calculó, cómo se consulta y una largo lista de omisiones técnicas que, para no meterse en problemas, hace que los gobiernos locales terminen por recular o posponer el punto.
Dicho esto, y más allá de la ineptitud proverbial de los gobiernos, cabe darle una mirada más detenida al asunto.
En México, buena parte de la ineficiencia del marco fiscal se explica porque está mal diseñado y plagado de agujeros bajo las etiquetas de exenciones, excepciones, estímulos fiscales, subsidios y lo que con eufemismo se llaman “renuncias recaudatorias”, que equivalen ya casi al 5% del PIB, y no son otra cosa que impuestos que se dejan de cobrar.
En el caso de estados y municipios se ha encontrado una solución muy honesta: para quedar bien con el “pueblo” (la palabra mágica) ni cobran impuestos ni prestan buenos servicios. Dos ejemplos.
Uno es la tenencia (“derechos de control vehicular”) que nació en 1962 como impuesto federal pero pasó a ser un impuesto local cuyos ingresos eran buena fuente de recursos para los estados. Tenía varias ventajas en términos de equidad y medio ambiente. Con los años, sin embargo, y por razones electorales, se dejó de cobrar. En 2008, último año en que fue federal, se recaudaron 35 mil millones de pesos a nivel nacional; en 2020, cuando ya lo manejaban los estados, cayó a 15 mil millones. Hoy, en las 32 entidades el cobro de ese impuesto es prácticamente simbólico o nulo.
En cambio, el parque vehicular aumentó de manera irracional y descontrolada, con más de 36 millones de unidades en 2025, un crecimiento de 18% versus 2016. Eso explica, en parte, la fracasada gestión pública en materia de movilidad en las zonas urbanas. De hecho, según INEGI, 83.4% de la población considera el mal estado de las vialidades como el principal problema en su ciudad. Hay ciudades como Aguascalientes donde la proporción vehículos por habitantes es la misma que en Alemania, solo que allá el impuesto equivalente a la tenencia paga entre 16 mil y 40 mil pesos anuales, dependiendo de las características del vehículo. Acá, parejo, 847 pesitos si paga en los primeros meses del año.
El otro ejemplo es justamente el predial, que en los municipios mexicanos representa 0.2% del PIB mientras que en otros países supone hasta 2.5 o 3 por ciento. Como nadie quiere cobrar impuestos y los alcaldes son adictos a las participaciones fiscales federales (73% de sus ingresos totales), el predial alcanza un modesto 8.8% de lo que cae a las haciendas locales. Esto explica también la mala calidad de los servicios públicos en muchas ciudades.
En conclusión, sí hay que hacer periódicamente una actualización integral de los valores catastrales de los cuales, por ende, derivan los incrementos correctos del predial, pero que sea técnicamente rigurosa, transparente y cuya recaudación regrese bajo la forma de excelentes servicios públicos. ¿Cómo, por dónde y con quiénes empezar?
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