Hay palabras que parecen técnicas hasta que empiezan a explicar cosas muy concretas. Trazabilidad es una de ellas. Y conviene acostumbrarnos, porque probablemente la escucharemos cada vez más cuando hablemos de seguridad, comercio y crimen organizado.
En la reciente Determinación Presidencial de Estados Unidos sobre los principales países de tránsito o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2027 hay un señalamiento hacia México que ha recibido mucha menos atención que las referencias a los cárteles o a funcionarios corruptos. Washington plantea que México debe fortalecer la integridad de sus cadenas de suministro mediante una mayor participación del sector privado y aumentar significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada.
Parece lenguaje aduanero. No lo es.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos para 2026 explica la integridad de la cadena de suministro casi como una cadena de custodia: poder seguir una mercancía desde que se ordena, durante su traslado y hasta que llega a su destino. Saber quién la vendió, quién la compró, quién la transportó, quién la recibió y qué ocurrió en cada tramo.
Ahí aparece el sector privado.
No se trata de convertir empresarios en policías ni de trasladarles una responsabilidad que corresponde al Estado. Se trata de reconocer una realidad: las empresas tienen información que puede resultar indispensable para identificar una operación irregular.
Una transportista sabe quién contrató un viaje. Un almacén registra quién ingresó y retiró una mercancía. Una empresa conoce a sus proveedores. Un banco puede seguir una transferencia. Una aduana conoce la documentación con la que un producto cruzó la frontera.
El crimen organizado también necesita esa infraestructura. Para mover drogas, precursores, combustibles o dinero necesita tocar, en algún momento, la economía formal.
Estados Unidos ya está actuando bajo esa lógica. En 2024, OFAC sancionó a nueve personas y 26 empresas mexicanas que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, participaban en una red de robo y comercialización de combustible vinculada con el CJNG; entre ellas había empresas operadoras de estaciones de servicio.
En junio de este año volvió a actuar contra una estructura relacionada con contrabando transfronterizo de combustible. El Tesoro señaló el uso de empresas fachada y documentación aduanera falsificada, mientras FinCEN informó que, después de emitir una alerta sobre estos esquemas, recibió más de 160 reportes de operaciones sospechosas que involucraban más de 7 mil millones de dólares, principalmente entre México y Estados Unidos.
Eso permite entender mejor lo que está detrás de la Determinación Presidencial.
No es solamente una exigencia de más policías o más decomisos. Es una señal de hacia dónde está evolucionando la persecución de las economías criminales: seguir la mercancía, seguir el dinero y reconstruir la cadena completa.
México no tiene por qué asumir sin cuestionamientos el diagnóstico estadounidense. Tampoco significa aceptar que otro país sustituya a nuestras autoridades. Pero sería un error ignorar que las cadenas comerciales y financieras ya no terminan en la frontera.
Si una operación toca bancos, empresas, aduanas o territorio estadounidense, puede ser investigada desde allá.
Por eso fortalecer la trazabilidad no es ceder soberanía. Puede ser justamente lo contrario: desarrollar la capacidad para saber qué ocurrió aquí, investigarlo aquí y producir evidencia suficiente para sostenerlo ante nuestros propios tribunales.
Durante años imaginamos la lucha contra el crimen persiguiendo personas, armas y cargamentos. Hoy también tenemos que aprender a seguir las historias comerciales que dejan detrás.
Porque de eso se trata la trazabilidad: de no detenerse en lo primero que aparece. Por eso, aunque todo comience con el aseguramiento de una sola pipa, seguir la cadena puede ameritar asegurar y revisar más de 50 millones de litros de hidrocarburos.
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