Están por cumplirse los 40 años del Consejo Estudiantil Universitario (CEU).
Es mucho tiempo y se puede encuadrar, inclusive, en el periodo de transición a la democracia, su aparente consolidación y ahora su deriva.
Los diagnósticos sobre el significado de un movimiento estudiantil que resultó exitoso son diversos, algunos de ellos con la grandilocuencia que confunde las memorias personales con la propia historia y otros más ponderados respecto al significado y alcance de aquellas gestas.
Quienes pertenecimos al CEU lo vemos y valoramos desde una plataforma sentimental que explica la irrupción en la política de cada uno de nosotros, pero tendríamos que hacer también los balances del caso con la perspectiva de lo ocurrido con el paso de los años.
A estas alturas habría que aceptar lo genuino de las movilizaciones que terminaron en una suspensión de labores, o huelga estudiantil, hasta que las autoridades universitarias dieron marcha atrás a la reforma que impulsó el rector Jorge Carpizo.
Lo que ya no es tan claro, y donde hay diferencias de perspectiva, es en el costo que tuvo detener cambios en la Universidad Nacional que sí se necesitaban.
El rector Carpizo partió de “Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México” en 1986, para revelar un diagnóstico severo sobre lo que ocurría: bajo nivel de conocimientos de los alumnos de primer ingreso, donde el promedio en el examen de ingreso al bachillerato era de 3.8 sobre 10; poca eficiencia terminal, donde 29% concluía en el tiempo reglamentario y solo 28% llegaba a la titulación. Existía –como existe— saturación de carreras por falta de orientación vocacional, planes de estudios desvinculados con la realidad, ausentismo del personal docente, hasta en 60%, excesiva burocracia, interferencia de grupos políticos e inseguridad.
Los alegatos de Carpizo eran válidos y había en ellos posibilidades de amplios consensos. La UNAM tenía que cambiar.
Sin embargo, las cosas no salieron bien porque las propuestas aprobadas fueron percibidas como una amenaza a la gratuidad de la educación y como una conculcación de los que se consideraban “derechos adquiridos”, como los del pase automático.
Es decir, no se aquilató el daño que hacían cuotas simbólicas que eran en realidad un subsidio a quienes sí podían aportar más, la oposición rotunda a mayores exigencias en el ingreso a facultades y escuelas desde el propio bachillerato universitario y la negativa para la implementación de criterios más rigurosos en la evaluación y permanencia.
Carpizo, además, era un decidido defensor de la autonomía, pero percibía riesgos en el horizonte si no se realizaba una reforma profunda basada en la autocrítica, que permitiera que la institución continuara como un pilar de la justicia y la movilidad social.
Cuatro décadas de esas discusiones y las resistencias que permanecen ante cualquier posibilidad de cambio profundo.
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