El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 establece un gasto en inversión física de 1,026,500.0 millones de pesos (mdp), equivalente a 9.8% del gasto total. De esta bolsa, 560,172.6 mdp (54.6%) se destinan a "prioridades de inversión", mientras que 466,327.4 mdp (45.4%) financian otros proyectos de carácter más inercial, como vivienda, equipamiento urbano, mantenimiento de servicios públicos (salud, educación y seguridad), infraestructura hidráulica y ambiental regular, erogaciones habituales de Pemex y CFE, transferencias descentralizadas a estados y municipios e inversión no registrada en cartera.
Las prioridades de inversión (560,172.6 mdp) buscan generar un impacto directo en el desarrollo económico global y territorial del país. Estos recursos se concentran principalmente en Pemex, con 255,529.2 mdp (45.6%), y en ocho proyectos de trenes con 150,875.6 mdp (26.9%), así como en CFE, con 60,991.6 (10.9%); complementándose con asignaciones para carreteras, puentes e infraestructura hidráulica.
En el Plan México la inversión pública es concebida como el pilar fundamental para guiar el desarrollo y servir de palanca para elevar la inversión total por encima de la meta del 28% del PIB para 2030. En este sentido, planteamientos como los de Mariana Mazzucato, señalan que la inversión pública debe actuar como "creadora de mercados", reduciendo la incertidumbre, detonando la inversión privada y expandiendo el espacio fiscal mediante el crecimiento económico.
Sin embargo, el volumen y la estructura actual de los recursos destinados a inversión pública prioritaria generan cuestionamientos sobre su efectividad. De entrada, no se prevé que sirvan para acelerar la economía, dado que el PPEF estima un crecimiento del PIB en torno de 2.0% (entre 1.5% y 2.5%) para 2027, proyección idéntica a la esperada en promedio para el periodo 2028-2032 y apenas distinguible del promedio de los últimos 40 años. A esto se suma la presión de los componentes ineludibles del gasto (pensiones, participaciones, programas sociales, costo financiero de la deuda y nómina de sectores clave), cuyo crecimiento por encima del PIB reduce el espacio fiscal, comprometiendo la sostenibilidad financiera y el grado de inversión.
En este contexto, cabe evaluar si destinar la mayor parte de los recursos de las prioridades de inversión a Pemex (en especial a petroquímica) y a trenes maximiza los encadenamientos y el atractivo para la inversión privada, la cual determina 85% de la inversión total, y de la que depende a última instancia que el crecimiento del PIB se acelere o no.
Asimismo, es relevante cuestionar si esta asignación satisface los requerimientos de infraestructura ante la actual reconfiguración del comercio global y la difuminación de las viejas certidumbres, y ante los acelerados cambios derivados de la revolución de la inteligencia artificial y si contribuye eficazmente a revertir la caída histórica de la productividad total de los factores. Pretender corregir las finanzas públicas sin atender al problema del bajo crecimiento es querer salir de un hoyo haciéndolo cada vez más grande.
Para superar las limitaciones técnicas e incentivos inadecuados en la toma de decisiones de largo plazo, valdría la pena hacer la cosas de manera diferente renovando las estrategias de inversión y evitando las inercias, las modas y los caprichos en la asignación presupuestal, comenzando por diseñar mecanismos institucionales que ofrezcan una mayor transparencia en el proceso de asignación de recursos, pero que también permitan que estas decisiones se tomen por equipos humanos del más alto nivel técnico que opere en un ambienta aislado de los incentivos políticos de corto plazo, que sean el arquitecto para planear la inversión con visión de futuro, enfocado en la generación de sinergias, más allá de los ciclos sexenales, al estilo de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur.
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