Culiacán, Sin.- Identifiquemos los acuerdos a la luz de los hechos, no de la imaginación.
El 28 de agosto pasado la secretaria de Bienestar del gobierno federal publicó en sus redes una reunión con el delegado de la secretaría en Sinaloa y su equipo que comanda el aparato electoral de los programas sociales, también conocido como “los servidores de la nación”.
La inusual reunión (sin acuerdos ni motivos; solo para ese estado; tres días después de la toma de posesión de la gobernadora interina y con todos los directivos de la delegación y ninguno más de las oficinas centrales de la secretaría) fungió como una ratificación de ese grupo rochista.
El control de la delegación y de los “servidores” lo tiene Rubén Rocha desde 2021, cuando asumió la gubernatura. Primero puso al frente a su ahijado (al que luego haría presidente municipal), después al hijo de su compadre (al que después haría suplente de Inzunza y secretario de estado) y, desde marzo de 2024, a Ulises Piña, a quien antes había hecho presidente estatal de Morena.
No le quitan a Rocha el control de los “servidores”, ni una cuña le meten, ni un chaleco guinda cambia de dueño.
Rocha será responsable del resultado de 2027 derivado de los programas sociales ante Sheinbaum. Sus destinos siguen unidos.
En la práctica legislativa del Senado, las comisiones ordinarias están legal y estrictamente reservadas para los grupos parlamentarios constituidos. Nunca un senador independiente había presidido alguna.
En el primer movimiento, Inzunza mantuvo la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos. Esto solo se puede sostener mediante un acuerdo y fue tan público que no pudo desconocerlo la presidenta. La denuncia mediática de la violación del reglamento echó para atrás el acuerdo.
El 1 de mayo, Rocha se separó del cargo “para facilitar la indagatoria de la FGR”. Más de cuatro meses de investigación después no se ha interrogado a nadie del gobierno estatal ni se ha aceptado detenerlo preventivamente para que corra el plazo en el cual el Departamento de Justicia de EU debe aportar pruebas ni se le dejó volver a la gubernatura. Su caso se estacionó en una impunidad limitada a no dañar la imagen de Morena. No es descabellado pensar que es un acuerdo.
Ningún secretario, subsecretario, director o jefe departamento que le deba el puesto a Rocha, o sea todos, ha sido sustituido por alguien que se lo deba a Graciela Domínguez. La estructura acusada de ser un narcogobierno está intacta.
Entre Rocha y Sheinbaum hay una relación de acuerdos, de intercambio de favores y de colaboración electoral.
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