Podrán expandirse a otras provincias, fijar precios y salarios y realizar operaciones de importación y exportación, bajo las reglas establecidas por el gobierno
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Podrán expandirse a otras provincias, fijar precios y salarios y realizar operaciones de importación y exportación, bajo las reglas establecidas por el gobierno
El gobierno de Cuba autorizó la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores, una figura que hasta ahora no estaba contemplada dentro del modelo de negocios privados de la isla.
La medida está contenida en el Decreto-Ley 133, publicado este miércoles por el Consejo de Estado en la Gaceta Oficial. La norma entrará en vigor siete días después de su publicación y forma parte de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio.
Las nuevas compañías podrán constituirse como Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), cuando tengan varios propietarios, o Sociedades Unipersonales de Responsabilidad Limitada (S.U.R.L.), si cuentan con un solo dueño.
Además, podrán establecer locales o sucursales en otras provincias de Cuba. Sus operaciones deberán realizarse mediante cuentas bancarias y, en general, sus productos y servicios deberán comercializarse en pesos cubanos, salvo que alguna ley permita el uso de divisas.
Las nuevas compañías tendrán capacidad para establecer sus propios precios, aunque deberán respetar las reglas y límites fijados por el gobierno. También podrán determinar los salarios de sus trabajadores y realizar directamente operaciones de importación y exportación, pero para ello necesitarán autorización del Ministerio de Comercio Exterior.
La norma también permite que estas empresas se asocien con capital extranjero.
En cuanto a quiénes pueden ser propietarios, la legislación contempla a cubanos que vivan dentro o fuera de la isla y a extranjeros residentes. Sin embargo, funcionarios y dirigentes del Estado y del gobierno no podrán ser dueños ni administradores.
Antes de recibir la autorización para operar, los socios deberán depositar el capital inicial en una cuenta transitoria y demostrar que los recursos tienen un origen lícito.
Las empresas también tendrán que cumplir con una “responsabilidad social”, que implica realizar acciones en beneficio de la comunidad.
Las medidas forman parte de un paquete de reformas con el que el gobierno cubano busca modificar y descentralizar distintos sectores de la economía, entre ellos la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario.
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