Ahora serán farmacias. Más de seis mil quinientas. El gobierno anunció que a partir de la próxima semana 6 mil 567 Farmacias del Bienestar comenzarán a operar en 24 estados, muchas dentro de tiendas de Alimentación para el Bienestar. La promesa es acercar gratuitamente medicamentos a adultos mayores y personas con discapacidad.
La medida puede ser útil. Pero la pregunta es: ¿por qué, después de siete años de reformas, se necesita seguir inventando mecanismos para conseguir que atención y medicamentos lleguen a los pacientes?
En 2019 desapareció el Seguro Popular y nació el Insabi, presentado como la vía para garantizar atención y medicamentos gratuitos a quienes carecían de seguridad social. El Insabi duró apenas tres años. En 2022 comenzó la construcción del IMSS-Bienestar y en 2023 el Insabi fue extinguido. Después llegaron las compras consolidadas, UNOPS, Birmex, la megafarmacia y las Rutas de la Salud. Ahora, las Farmacias del Bienestar.
Demasiados modelos para un derecho que debería ser elemental. Porque mientras las instituciones cambiaban de nombre, el problema creció. En 2018, 20.1 millones de mexicanos carecían de acceso a servicios de salud. En 2022 llegaron a 50.4 millones: 39.1% de la población. En 2024 la cifra descendió a 44.5 millones, una leve mejoría que todavía deja a más de un tercio de la población desatendido.
El problema tampoco termina cuando existe una credencial o un padrón. Un sistema de salud funciona cuando hay médico, diagnóstico, tratamiento y medicamentos disponibles oportunamente. Si el/la paciente termina pagando de su bolsillo, recorriendo varias instituciones o esperando meses, la gratuidad anunciada se vuelve una ficción.
Además, médicos, enfermeras, trabajadores administrativos y personal de apoyo también han padecido la permanente reingeniería institucional: contratación precaria, cambios de adscripción, procesos incompletos de basificación, transferencia entre instituciones y déficit de personal. México está lejos de los estándares internacionales en disponibilidad de médicos y, particularmente, de enfermeras. No puede construirse un sistema universal de salud sobre trabajadores agotados, mal pagados o laboralmente inseguros.
La paradoja es evidente. Mientras se anuncia una nueva red de farmacias, todavía no se consolida la arquitectura institucional que debería garantizar que esas farmacias tengan qué entregar, que existan profesionistas que diagnostiquen y prescriban las recetas y clínicas y hospitales donde atender los casos de mayor complejidad.
Después de desmontar un sistema y sustituirlo sucesivamente por otros, el gobierno sigue presentando cada nueva ocurrencia como si fuera la solución definitiva.
La salud no necesita otro nombre, otro organismo, ni otra inauguración. Necesita infraestructura, personal bien pagado, medicamentos suficientes, presupuesto y, sobre todo, una política pública que sobreviva al capricho de reinventarse tras cada fracaso.
Las y los pacientes no deberían ser el campo de pruebas de cada nueva idea. Después de siete años de experimentos, ya debería haber llegado el momento de dejar de inaugurar modelos y empezar a hacer funcionar el sistema.
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