Mexicali amaneció este martes con algo más caliente que sus acostumbrados 45 grados. El gobierno de Estados Unidos suspendió actividades oficiales y viajes de su personal a la capital de Baja California ante información sobre una posible amenaza. Recomendó evitar edificios gubernamentales y hasta buscar refugio en caso de algún incidente.
Hay antecedentes, aunque con diferencias importantes. En julio de 2021, Washington restringió movimientos de su personal por el Valle de Mexicali ante posibles enfrentamientos entre grupos criminales. Marina del Pilar ya había dejado la alcaldía para competir por la gubernatura y acababa de ganar la elección. En agosto de 2022, ya como gobernadora, llegó otra alerta durante aquella jornada de bloqueos, incendios y caos en varias ciudades del estado.
En aquellos casos existía una situación criminal identificada o la violencia ya estaba ocurriendo. Esta vez la decisión fue preventiva. Alguna información recibieron las agencias estadounidenses para tomar una medida de ese tamaño antes de que sucediera algo. Ese detalle cambia bastante la conversación.
Desde el año pasado he insistido en que Baja California atraviesa una peligrosa crisis de gobernabilidad. El retiro de la visa estadounidense a la gobernadora, las explicaciones posteriores y los escándalos acumulados no solamente dañaron su imagen. Han debilitado algo indispensable para gobernar, su autoridad política.
El calendario tampoco ayuda. En los meses previos a una sucesión comienza un fenómeno bastante conocido. Los aspirantes dejan de ver al gobernante y empiezan a ver la silla. Los funcionarios calculan quién viene, las lealtades cambian y cada decisión empieza a pasar por el filtro electoral. Normalmente ese vacío aparece unos seis meses antes de la elección. Aquí parece haberse adelantado.
En seguridad y procuración de justicia esas distracciones son especialmente peligrosas. Policías, fiscalías e inteligencia no pueden detenerse mientras la clase política resuelve candidaturas. Mucho menos cuando enfrente existen organizaciones criminales pendientes de cualquier debilidad institucional.
Marina del Pilar parece atrapada entre demasiados frentes. Sus conflictos personales, el cuidado de su prestigio, la incertidumbre sobre su futuro político y jurídico y una sucesión donde aspirantes y grupos internos se han dado con todo. Mientras ellos resuelven su futuro, alguien tiene que seguir gobernando Baja California.
Existe además una interrogante que no puede ignorarse. ¿Hasta dónde llega la información que poseen las agencias estadounidenses? Algunos articulistas y redes sociales han hablado durante meses de posibles investigaciones o acciones legales en Estados Unidos contra personajes del entorno de la gobernadora. Hasta hoy no existe información pública suficiente para presentarlo como un hecho. Tampoco sabemos si esta alerta tiene alguna relación con esas versiones.
Lo comprobable resulta suficientemente serio. Washington consideró creíble determinada información para suspender actividades y viajes oficiales a Mexicali y advertir a sus ciudadanos que evitaran edificios gubernamentales.
Hay una ironía adicional. Marina del Pilar es mexicalense, fue alcaldesa de Mexicali y después gobernadora. La ciudad que durante años pudo presumir mejores condiciones de seguridad que buena parte del estado, terminó este martes bajo una alerta preventiva estadounidense.
También se cae otro mito de nuestra política. Haber nacido aquí, vivir aquí o presumir arraigo no garantiza compromiso, conocimiento ni resultados. Los gobiernos no se califican por el código postal de quien manda, sino por lo que ocurre en la calle.
Ser de casa no garantiza saber cuidarla. Y Mexicali, que durante años presumió su seguridad, acaba de descubrirlo de la peor manera.
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