Algo extraño está ocurriendo en México. Mientras unos sostienen que la estrategia de seguridad finalmente comienza a dar resultados, otros aseguran que todo es producto de cifras maquilladas y de una poderosa estrategia de comunicación. El debate se ha contaminado tanto de política que, por momentos, pareciera importar más defender una narrativa que entender lo que realmente está pasando.
La realidad, como suele ocurrir, no cabe en un eslogan.
Es evidente que el escenario cambió. La presión ejercida por Estados Unidos modificó las prioridades del gobierno mexicano. La decisión de clasificar a ocho cárteles como organizaciones terroristas extranjeras cambió las reglas del juego. Lo que durante décadas fue tratado como un problema de seguridad pública ahora también se combate como un asunto de seguridad nacional. Esa nueva lógica ayuda a explicar la intensidad de los operativos, el mayor uso de inteligencia, la captura o abatimiento de liderazgos criminales y una coordinación binacional muy distinta a la del sexenio anterior.
Cerrar los ojos frente a esos cambios sería tan equivocado como presentar la batalla como si ya estuviera ganada.
Tampoco hay elementos para afirmar que México construyó mejores instituciones de seguridad. Las policías municipales siguen siendo el eslabón más abandonado del sistema. En la mayoría de los estados, las policías estatales avanzan a paso de tortuga y las fiscalías continúan arrastrando los mismos vicios y rezagos de hace años. No estamos frente a una transformación institucional. Lo que existe es una ofensiva federal mucho más intensa, impulsada en buena medida por el nuevo contexto de la relación con Estados Unidos.
Mientras eso ocurre, millones de mexicanos viven otra realidad.
La extorsión no deja de crecer. El cobro de piso se expande. Los feminicidios siguen sacudiendo a la sociedad. Los homicidios múltiples aparecen todos los días en las redes sociales y los robos con violencia mantienen en alerta a comerciantes, empresarios y transportistas. Esa es la seguridad que la gente mide. No con gráficas ni porcentajes, sino con lo que vive al salir de su casa.
Por eso el debate no debería reducirse a decidir quién tiene razón.
Hay avances que sería absurdo negar. También hay cifras que deben revisarse con seriedad. Las dos cosas pueden coexistir. El error comienza cuando cualquiera de las dos posturas pretende explicar por completo un fenómeno mucho más complejo.
Además empieza a dibujarse un riesgo que merece mucha más atención.
La presión sobre el trasiego internacional de drogas está obligando a varias organizaciones criminales a buscar nuevas fuentes de ingresos. Si mover droga hacia Estados Unidos resulta cada vez más difícil, el siguiente mercado está aquí mismo. Comerciantes, agricultores, transportistas, empresarios y ciudadanos comunes se convierten en las víctimas ideales para compensar las pérdidas mediante extorsiones, cobros de piso, robos y secuestros.
Sinaloa ya ofrece señales preocupantes. La guerra entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa vino acompañada de un aumento en las denuncias por extorsión, robo y otras formas de violencia contra la población. Pensar que ese fenómeno quedará confinado a ese estado sería un error.
El gobierno federal puede presumir una ofensiva más decidida que la del sexenio anterior y sería mezquino no reconocerlo. Lo que todavía no puede presumir es haber construido las instituciones locales capaces de sostener esa estrategia. Ahí sigue la gran deuda.
La seguridad no se mide por el número de detenidos, los kilos de droga asegurados o las conferencias de prensa. Se mide cuando una familia deja de vivir con miedo, cuando un comerciante puede trabajar sin pagar derecho de piso y cuando recorrer una carretera deja de ser una apuesta. Ese día podremos hablar de un cambio de fondo. Mientras tanto, México seguirá atrapado entre dos percepciones. La del gobierno que asegura que las cosas mejoran y la de millones de ciudadanos que todavía no encuentran motivos para creerlo.
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