Hace apenas unos meses muchos se preguntaban si México sería capaz de organizar un Mundial sin que el crimen organizado intentara robarse el espectáculo. El 22 de febrero, las imágenes de violencia desatadas tras el abatimiento del líder del CJNG recorrieron el país y reforzaron esa preocupación. A ello se sumaban la guerra interna del Cártel de Sinaloa, el reacomodo del CJNG y la presencia de otros grupos criminales disputándose territorios.
Al mismo tiempo, Estados Unidos acababa de clasificar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, elevando de manera importante el costo para cualquier organización que decidiera desafiar al Estado durante el torneo.
Muchos anticipaban semanas muy complicadas. Mi lectura fue distinta. Sostuve que difícilmente los grupos criminales buscarían convertirse en protagonistas justo cuando enfrentaban una ofensiva simultánea de los gobiernos de México y Estados Unidos. Además de sus propias disputas internas, sabían que cualquier acción de alto impacto provocaría una respuesta inmediata. Como dice el dicho, no hay loco que coma lumbre.
Los hechos terminaron dándole la razón a esa hipótesis. El Operativo Kukulkán cumplió con su objetivo principal. Durante cinco semanas vimos una coordinación poco común entre las Fuerzas Armadas, las instituciones de seguridad, las áreas de inteligencia y la tecnología desplegada en las sedes mundialistas. Millones de personas se desplazaron por carreteras, aeropuertos, estadios y zonas turísticas sin que el crimen organizado realizara un ataque que empañara la competencia.
Ese resultado merece reconocerse. La Sedena, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con los gobiernos de Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, hicieron un trabajo que meses atrás parecía mucho más complejo. Cuando existe coordinación, información oportuna y una estrategia común, el Estado demuestra que sí tiene capacidad para contener a quienes pretenden imponer el miedo.
Eso no significa que todo haya salido bien.
La nota más dolorosa quedó marcada por las cinco personas que perdieron la vida durante las celebraciones en el Ángel de la Independencia. Allí hubo fallas de organización, deficiencias en los dispositivos de protección civil y seguridad, pero también una evidente falta de responsabilidad ciudadana. Cuando cientos de miles de personas ocupan un mismo espacio, prevenir también salva vidas.
La otra gran mancha fueron las movilizaciones de la CNTE. En pleno Mundial, millones de mexicanos volvieron a padecer bloqueos y actos de presión que rebasaron el derecho a la protesta. Lo ocurrido quedará como uno de los episodios más representativos de la extorsión corporativa que ha vivido el país en los últimos años. Ningún gobierno debería aceptar como normal que un grupo paralice ciudades enteras para imponer sus exigencias.
Con esas dos dolorosas excepciones, el saldo termina siendo favorable. El Mundial concluyó sin la violencia que muchos pronosticaban y sin que los cárteles desafiaran al Estado frente a los ojos del mundo. No fue casualidad. Hubo planeación, inteligencia, presencia operativa y también un contexto criminal que hizo demasiado alto el costo de intentar enviar un mensaje durante el torneo.
Ahora la pregunta es otra. Si el Estado mexicano fue capaz de desplegar ese nivel de coordinación para proteger un Mundial, ¿por qué no hacerlo con la misma determinación para proteger la vida cotidiana de los mexicanos? Esa debería ser la principal enseñanza que deja esta competencia. El verdadero triunfo no será haber organizado un buen Mundial. Será demostrar que esa capacidad institucional llegó para quedarse y no solamente apareció mientras el mundo nos observaba.
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