Thomas Schelling sostenía que el compromiso es una forma de poder: quien quema sus naves obliga al adversario a calcular bajo la restricción de la irreversibilidad ajena. Pero el propio Schelling advirtió la condición de eficacia del método: atarse al mástil sólo es estrategia cuando se puede anticipar qué canto vendrá y cuáles serán sus consecuencias. Ulises sabía del encanto de las sirenas. La presidenta Sheinbaum, en cambio, ha comprometido su palabra —y con ella el capital de la República— sin conocer las cartas que Washington tiene sobre la mesa. Eso no es compromiso estratégico: es una apuesta ciega. “Por el bien de AMLO, primero Andy”.
Con cierto rigor, debe reconocerse que la revocación de una visa no equivale a una imputación. Estados Unidos ha cancelado alrededor de 175 mil visas de extranjeros; más de cincuenta políticos mexicanos, la mayoría de Morena, han perdido la suya desde 2025 sin que medie proceso alguno. El caso Cienfuegos demostró, además, que Washington puede retroceder. La señal es ambigua por diseño. Y precisamente porque es ambigua, el problema de la presidenta es estratégico: ha respondido con un compromiso total a una amenaza indeterminada.
Tres escenarios se abren ante ella.
Primer escenario: la visa y nada más. Estados Unidos no procede contra López Beltrán. Es el desenlace que la apuesta presidencial presupone. Aun así, el saldo no es neutro. La presidenta habrá gastado la coraza de la "soberanía" para defender el trámite migratorio de un particular. El concepto se devalúa automáticamente para cuando de verdad lo necesite: en la revisión del T-MEC, en la presión arancelaria, en la tentación intervencionista que ronda el discurso de Washington. Quien grita lobo ante cada sombra llega ronco al momento de la cacería. El costo de este escenario es la inflación retórica: la soberanía convertida en escudo familiar pierde su valor cuando se requiere como argumento de Estado.
Segundo escenario: hay imputación. Si Estados Unidos formaliza cargos contra el hijo del expresidente antes de los comicios de 2027 —como ocurrió con Rocha Moya—, la exoneración anticipada la convierte en rehén. La presidenta no podrá tomar distancia sin contradicciones ni sostener la defensa sin asumir el costo político de la impunidad. La teoría de juegos llama a esto el juego de la gallina: dos vehículos avanzan de frente y pierde quien vira. Pero esta situación es asimétrica. Para Trump, la colisión es rentable: confirma su narrativa y exhibe resultados. Para México, la colisión compromete el equilibrio de intereses en la compleja relación bilateral. Cuando uno de los jugadores puede chocar sin dolor, el otro no está jugando: está esperando su turno para virar. La elección intermedia se convertiría entonces en un referéndum sobre la impunidad, con la presidenta amarrada al asiento del copiloto de un vehículo que no conduce.
Tercer escenario: la cascada. Estados Unidos imputa a más integrantes de Morena. Aquí el juego cambia de naturaleza: deja de ser un duelo bilateral y se convierte en un dilema del prisionero dentro de la coalición gobernante. La impunidad ha funcionado como el bien público del régimen: todos la disfrutan, mientras nadie la pone en riesgo. Pero si la protección se vuelve selectiva —si la presidenta entrega a otros para proteger a uno—, cada actor amenazado descubre que su estrategia dominante es negociar por cuenta propia. Cuando la lealtad deja de garantizar la protección, surgen incentivos para la deserción y, por tanto, para la fractura interna. La salida, en este contexto, tiene forma judicial: cooperación con fiscales extranjeros. La fractura se produce por la desconfianza sistémica del "sálvese quien pueda". La presidenta enfrentaría el dilema del pastor que debe elegir qué ovejas entregar al lobo para salvar al cordero del patriarca. No hay teoría de juegos que resuelva ese trance sin sangre en la coalición: el equilibrio de un dilema del prisionero con jugadores asustados es, invariablemente, la defección generalizada.
Washington juega con el mazo a la vista: sabe qué hay —o qué no hay— en sus investigaciones. La presidenta juega a ciegas. La exoneración anticipada no fue, por eso, una estrategia: fue un reflejo de lealtad disfrazado de doctrina de Estado. Schelling habría reconocido el error de inmediato: comprometerse sin información no disuade al adversario; le revela el precio exacto que uno está dispuesto a pagar. "Amarás la siguiente parte”.
La pregunta, entonces, no es si la presidenta defenderá a López Beltrán. Ya lo hizo y por anticipado. La pregunta es cuánta República está dispuesta a apostar en una mano que no ha visto.
Recomendar Nota
