El 12 de agosto, Colombia —bajo el liderazgo del nuevo presidente Abelardo de la Espriella— se incorporó formalmente a la Americas Counter Cartel Coalition, encabezada por Washington, y firmó con Estados Unidos un acuerdo de acceso, bases y sobrevuelo dentro del territorio colombiano. Al día siguiente, el Pentágono anunció que la alianza entraba en una fase operativa.
Pete Hegseth habló incluso de operaciones militares conjuntas contra el ELN y remanentes de las FARC, y dejó abierta la posibilidad de ataques. El comunicado colombiano confirmó la cooperación y el acuerdo, pero no una solicitud concreta de bombardeos —al menos, todavía— ni las reglas bajo las cuales podrían realizarse. Sin embargo, los hechos son suficientes para advertir una modificación en la manera de enfrentar el problema del narcotráfico.
Hagamos la disección de esta transición verde olivo. Cuando una organización es tratada como objeto de persecución penal, el Estado pregunta qué delito cometió, qué pruebas existen y quién debe responder. Cuando se la define como enemigo militar, las preguntas son otras: dónde está, qué capacidad conserva y con qué medios puede ser neutralizada. Diferentes preguntas generan respuestas diversas: redistribuyen facultades, rebajan umbrales y vuelven aceptables instrumentos que antes exigían otra justificación.
La A3C parece avanzar precisamente en esa dirección. El acuerdo con Colombia ofrece una infraestructura material para actuar: acceso, bases y sobrevuelos. Hegseth vinculó, además, la coalición con una versión renovada de la doctrina Monroe y amplió su lenguaje hacia la migración irregular y la interferencia geopolítica extranjera. La lucha contra los cárteles deja de ocupar un cajón propio, pues Washington coloca al crimen organizado, la seguridad fronteriza y la competencia entre potencias bajo la misma lógica de seguridad.
La defensa más evidente del modelo es jurídicamente atendible. Si un gobierno solicita cooperación militar, no hay invasión, pues hay consentimiento. Pero la soberanía tiene una dimensión formal y otra material. La primera consiste en la autoridad para autorizar. La segunda, en la capacidad real de definir los términos, limitar las operaciones y retirar el permiso sin costos desproporcionados. En relaciones profundamente asimétricas, ambas dimensiones pueden separarse. Un Estado puede conservar intacta la firma y, al mismo tiempo, perder el control sobre su territorio.
También cambia la responsabilidad. La lógica policial individualiza conductas y construye expedientes. La militar tiende a identificar estructuras, cadenas de mando y capacidades que deben ser neutralizadas. Un cártel, una guerrilla y una red transnacional no son instituciones equivalentes. Reunirlas en un mismo conjunto operativo simplifica la acción, pero puede borrar diferencias jurídicas y de derechos humanos que existen por buenas razones.
Ahí aparece la paradoja. La coalición promete fortalecer a los Estados frente a actores que desafían su autoridad pero, al hacerlo, puede trasladar hacia Washington buena parte de la decisión sobre amenazas, prioridades y medios legítimos. El gobierno solicitante gana capacidad coercitiva inmediata; al mismo tiempo, acepta una definición de seguridad elaborada por la potencia que aporta inteligencia, movilidad y fuerza. La cooperación puede ser voluntaria y, al mismo tiempo, producir dependencia.
México no apareció en las listas oficiales de participantes. No sabemos si fue excluido, si declinó o si simplemente quedó fuera de esta fase; convertir la ausencia en una posición sería especulativo. El precedente, sin embargo, nos impacta de manera directa. Washington está construyendo un mecanismo regional que podría normalizar el uso de herramientas militares frente a organizaciones criminales, siempre que un gobierno anfitrión abra la puerta.
El síntoma más preocupante de este giro castrense de la seguridad en la región no es que Estados Unidos pueda intervenir con permiso o sin él, sino que la asimetría puede hacer que, poco a poco, cambie de manos el poder de decidir qué es una amenaza y cómo enfrentarla.
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