El título de esta columna no es una metáfora. Vayamos por partes. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte establece que un ataque armado contra uno de sus miembros será considerado un ataque contra todos. No ordena una guerra automática: cada aliado decide las medidas que juzga necesarias. Aun así, la cláusula transforma el cálculo del agresor, porque detrás de ella existen mandos integrados, planeación militar y capacidad militar conjunta. De manera análoga, el acuerdo firmado el 7 de agosto en La Meca por Arabia Saudita, Turquía y Pakistán reproduce esa lógica. Por eso Hakan Fidan, canciller turco, lo describió como técnicamente equivalente al artículo 5. La semejanza, por ahora, termina en la cláusula.
El Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca busca fortalecer la disuasión colectiva y dispone que cualquier ataque armado contra uno de los tres Estados será tratado como un ataque contra todos. Además, prevén crear un comité de ministros y una secretaría general con sede en Arabia Saudita. Contemplan incorporar nuevos miembros. Egipto aparece como el primer candidato.
Todavía no constituye una OTAN musulmana. La Alianza Atlántica cuenta con protocolos, ejercicios, fuerzas interoperables y décadas de credibilidad. El nuevo pacto carece aún de reglas públicas para definir qué cuenta como ataque, quién lo atribuye, qué ayuda debe prestarse y con qué rapidez. Los detalles operativos deberán resolverse en la primera reunión ministerial. Por ejemplo, Pakistán posee armas nucleares, pero nada permite suponer que haya extendido ese paraguas a sus socios. La diferencia estará en la infraestructura que haga creíble la promesa.
Cada socio aporta una pieza distinta. Arabia Saudita ofrece recursos, peso político y centralidad energética. Turquía suma capacidad militar, experiencia dentro de la OTAN y una industria de defensa sofisticada. Pakistán aporta fuerzas armadas experimentadas y es el único Estado de mayoría musulmana dotado de armas nucleares. Así, la suma fortalece a los tres.
Aunque el comunicado apela a la fraternidad y la solidaridad islámicas, el acuerdo responde principalmente a intereses estratégicos. Basta mirar quién está dentro y quién está fuera. Irán, potencia musulmana regional, no participa. Egipto, en cambio, podría incorporarse por el peso de su ejército y su posición geográfica. Más que una alianza religiosa, La Meca reúne capacidades militares complementarias para compartir riesgos y fortalecer la defensa de sus miembros.
El acuerdo nace porque la confianza en Washington se ha debilitado. Arabia Saudita, Turquía y Pakistán conservan vínculos estrechos con Estados Unidos, pero quieren depender menos de una protección que perciben como incierta. Washington mantiene bases, armamento y una capacidad militar incomparable, pero sus socios ya no dan por hecho que asumirá siempre los costos de la seguridad regional. Sigue siendo indispensable, pero ya no parece suficiente.
El Acuerdo de La Meca es el embrión de una arquitectura de seguridad construida por potencias medias que buscan reducir su dependencia de Washington. Lo islámico da identidad al pacto; lo estratégico explica su composición.
La primera prueba llegó casi de inmediato. Dos días después de la firma, los hutíes se atribuyeron un ataque con dron contra la refinería saudita de Jazan. Riad confirmó un incendio, luego extinguido y sin heridos, pero no precisó su causa. Tampoco quedó claro qué apoyo ofrecerán Ankara e Islamabad. Ahora toca ver si la declaración se convierte en alianza.
Los acuerdos son promesas sobre la conducta futura. Su desafío consiste en resultar creíbles antes de ser puestos a prueba. El artículo 5 de La Meca ya tiene palabras, socios y adversarios atentos. Ahora necesita procedimientos, capacidades y memoria. Sólo entonces sabremos si aquella firma produjo una fotografía diplomática o una nueva arquitectura regional de poder.
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