El 22 de agosto entraron en vigor aranceles estadounidenses de 50% sobre aproximadamente 20 mil millones de dólares en exportaciones canadienses. Un día antes, las negociaciones habían fracasado. Ottawa anunció represalias para el 8 de septiembre. La guerra arancelaria ocurre, sin embargo, dentro del acuerdo del T-MEC.
En términos generales, un tratado comercial cumple dos funciones. Primero, organiza el intercambio; segundo, reduce la incertidumbre y crea condiciones de confianza para la inversión. De este modo, cuando las empresas aceptan reglas de origen, procedimientos aduaneros y mecanismos de controversia esperan a cambio que el acceso preferencial no dependa cada semana de la voluntad del gobierno más poderoso. Cuando esa expectativa desaparece, el tratado puede continuar vigente aunque carezca de sentido o utilidad alguna.
Eso es lo que el choque entre Washington y Ottawa permite observar. Los nuevos aranceles no reconocieron una exención general para los bienes que cumplen las reglas del T-MEC. Aunque el acuerdo permanece jurídicamente vigente hasta 2036, la pertenencia al bloque dejó de ser protección suficiente frente a una medida unilateral. La paradoja jurídica radica en que la supervivencia del tratado genera el marco legal necesario para contener las tensiones.
Todavía no conviene declarar muerto al T-MEC. Los bienes afectados representan alrededor de 5% de las exportaciones canadienses; sus mecanismos jurídicos continúan disponibles y una nueva negociación podría producir un arreglo. Pero tampoco conviene reducir el episodio a una disputa sectorial. Canadá dirige cerca de 70% de sus exportaciones a Estados Unidos. En una relación tan integrada, la amenaza arancelaria no necesita abarcar todo el comercio para disciplinar las decisiones políticas. Lo que la administración Trump busca demostrar es que ninguna ventaja está completamente asegurada.
Además, los mecanismos de controversia no eliminan este problema. Pueden decidir, con el tiempo, si una medida es compatible con el acuerdo, pero no impiden necesariamente que el costo económico opere mientras se litiga. Una garantía cuya solución puede llegar después de que empresas, inversiones y cadenas de suministro deban adaptarse conserva valor jurídico, pero ofrece una protección económica incompleta en la práctica.
La integración suele presentarse como una forma de interdependencia. La palabra sugiere reciprocidad, pero oculta una diferencia importante: la dependencia mutua no significa depender en igual medida. Cuando uno de los socios controla el mercado indispensable para los otros, la integración puede disminuir los costos del intercambio y aumentar, al mismo tiempo, la capacidad de coerción. Lo que antes parecía una garantía compartida se convierte en una vulnerabilidad distribuida de manera desigual.
México debe leer el conflicto canadiense sin pensarlo ajeno. El 21 de agosto, Marcelo Ebrard dijo que esperaba resultados mexicanos similares, en muchos aspectos, al acuerdo que entonces parecía perfilarse entre Washington y Ottawa. Horas después, aquellas conversaciones colapsaron. La secuencia no demuestra que México recibirá el mismo trato, pero delata el error de pensar que cada negociación bilateral puede aislarse de las demás. En ese sentido, Canadá no es un caso separado sino un laboratorio regional.
El efecto consiste en conservar el tratado y renegociar sus beneficios bajo amenaza. La hipótesis es que Washington puede evitar el costo político de abandonarlo y mantener, al mismo tiempo, la posibilidad de condicionar el acceso a su mercado. Así, aunque la norma no desaparece, sus funciones son distintas; ya no sería un límite al poder sino el punto de partida de una transacción recurrente.
La pregunta para México no es únicamente anticipar qué concesiones evitarán el próximo arancel. Es si un tratado puede continuar cuando su cumplimiento deja de proteger a quienes lo cumplen. Tal vez el riesgo mayor no sea perder el T-MEC, sino normalizar que exista sin obligar.
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