México tiene un problema histórico con la justicia. Se denuncia poco, se investiga menos y se castiga todavía menos. Frente a esa realidad, durante décadas las víctimas aprendieron una fórmula que debería avergonzarnos como país. Cuando una fiscalía no escucha, hay que buscar una cámara, un micrófono o hacer suficiente ruido en las redes sociales.
La presión mediática terminó convertida en una institución informal de nuestro sistema de justicia. Una desaparición que llega a los medios, un homicidio que provoca indignación nacional o una madre buscadora que rompe el silencio tienen mayores posibilidades de conseguir que alguien se mueva. No necesariamente porque las instituciones funcionen, sino porque a ningún funcionario le gusta aparecer explicando por qué no hizo su trabajo.
Por eso la iniciativa gubernamental para regular el llamado derecho de las audiencias debe observarse también desde la seguridad pública. Detrás de palabras jurídicamente elegantes puede esconderse algo bastante más sencillo. El poder quiere tener mayor capacidad para decidir cómo se informa, qué se informa y bajo qué reglas.
Para las víctimas eso puede resultar desastroso.
El proceso comenzó hace años. A partir de 2018, la conferencia presidencial conocida como la mañanera cambió la conversación pública mexicana. Desde Palacio Nacional comenzó a construirse diariamente una narrativa capaz de colocar temas, responder acusaciones, señalar adversarios y competir directamente por los encabezados.
Muchos medios entendieron rápidamente el nuevo escenario. Había un régimen recién llegado, contratos institucionales de publicidad en juego y bastante incertidumbre sobre las nuevas reglas políticas. Algunos resistieron. Otros se acomodaron. Varios descubrieron que cuestionar demasiado podía resultar poco rentable.
Ahora podríamos entrar a una etapa más preocupante.
Morena llegó al poder en 2018 utilizando como pocos movimientos políticos la enorme libertad de expresión que existía. Se acusó, se señaló, se adjetivó y se destrozaron prestigios. Circularon historias verdaderas, falsas y algunas francamente delirantes. Nadie propuso entonces crear un cinturón de castidad para la opinión pública. Todo cabía bajo el argumento de la libertad de expresión.
Eran los tiempos felices de “las benditas redes sociales”.
La bendición duró mientras los golpes iban en una sola dirección. Cuando esas mismas redes comenzaron a cuestionar al gobierno, dejaron de resultar tan simpáticas. En pocos años pasaron de instrumento maravilloso de la democracia a convertirse prácticamente en sospechosas habituales.
La ironía se escribe sola. Quienes llegaron al poder aprovechando un espacio casi ilimitado para cuestionar ahora quieren ponerle reglas al cuestionamiento.
En seguridad pública el asunto rebasa la pelea entre políticos, periodistas y comunicadores.
Una víctima sin visibilidad pierde capacidad de presión. Una familia que no consigue hacer pública una desaparición puede quedarse sola frente a una fiscalía saturada, burocratizada o simplemente indiferente. Una madre buscando a su hijo necesita demasiadas veces más un micrófono que una ventanilla gubernamental. Esa frase resume buena parte de nuestro fracaso institucional.
Reducir la presión mediática también reduce uno de los pocos incentivos externos que todavía obligan a policías, fiscalías, gobernadores y funcionarios a reaccionar.
México necesita exactamente lo contrario. Más voces, más denuncias, más periodistas preguntando y más víctimas haciendo ruido. El gobierno ya tiene presupuesto, instituciones, vocerías, conferencias, canales oficiales y todo un aparato para contar diariamente su versión de la realidad.
Las víctimas apenas tienen su voz.
Si además comenzamos a regular cuánto puede escucharse, el beneficiario difícilmente será el ciudadano.
En México la impunidad nunca le ha tenido miedo al silencio. Al contrario. Ahí es donde mejor trabaja.
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