Guadalajara, Jal.- En Jalisco todo es posible. Todo. Incluso que, en los pasillos del poder, se plantee la posibilidad de utilizar el presupuesto de una elección como moneda de cambio para influir en quién ocupará uno de los cargos más importantes de la autoridad electoral.
De eso va esta historia.
Hace un par de semanas, la presidenta interina del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), Claudia Alejandra Vargas, recibió una llamada del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora.
Su planteamiento fue sencillo. Le garantizó los recursos necesarios para organizar la elección intermedia de 2027, pero a cambio de impulsar a un perfil específico para ocupar la Secretaría Ejecutiva del organismo, cargo que, en la teoría, se debe elegir una vez que el INE designe a la nueva dirigencia.
Y aquí es donde el relato cambia, porque ya no hay sólo negociación política mínima, sino un tema de interés público. ¿Un funcionario estatal coaccionando al árbitro electoral?
La Secretaría Ejecutiva del IEPC no es una oficina decorativa ni un premio político; es una pieza fundamental en la operación cotidiana del organismo, porque participa en la coordinación de su estructura, en la ejecución de acuerdos y en la conducción administrativa de buena parte del aparato que hace posible una elección.
Por eso, intentar influir en quién ocupa ese puesto no es un asunto menor. Y mucho menos si esa influencia viene acompañada de la posibilidad de abrir o cerrar la llave de los recursos públicos.
Entrevistada al respecto, la funcionaria reconoció que sí se reunió tanto con Salvador Zamora como con el gobernador Pablo Lemus, pero sólo para plantearles las necesidades presupuestales de cara al proceso electoral intermedio. Por supuesto, descartó que hubiera algún tipo de condicionante de los funcionarios estatales para considerar fondos suficientes a los comicios del próximo año.
El contexto en el que ocurre esta reunión no es irrelevante. Tras la accidentada salida de Paula Ramírez Höhne, quien dejó el cargo por decisión propia después de encabezar el atropellado proceso electoral de 2024, Claudia Alejandra Vargas recibió el respaldo de los consejeros del IEPC para asumir provisionalmente la presidencia.
Frente a la crisis de confianza que dejó aquel proceso, la prioridad debía ser recuperar la credibilidad menguada, garantizar imparcialidad y mantener abiertas las puertas de la institución. Y bueno, a eso se comprometió la nueva presidenta cuando juró al cargo.
Por eso surge la pregunta: ¿De qué sirve hablar de autonomía electoral si desde el Ejecutivo se intenta condicionar fondos para organizar una elección a cambio de influir en la integración de la estructura del árbitro?
El presupuesto electoral no es, ni de cerca, un favor del gobierno en turno. Es dinero público y, sobre todo, un recurso indispensable para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos, de tal forma que organizar una elección no debe depender de que el árbitro acepte condiciones para cumplir su obligación constitucional.
Pero la historia no termina acá, porque en este mundo uno se entera de cosas.
De acuerdo con fuentes de alto nivel, el perfil que pretende colocar el gobierno llegó acompañado de un interés directo del gobernador Pablo Lemus, quien supuestamente buscó a esa persona para hablar sobre la posibilidad de ocupar la Secretaría Ejecutiva del IEPC.
Por esa razón, el asunto merece una explicación pública y puntual. Claro que nadie está peleado en que los gobiernos dialoguen con los organismos electorales sobre presupuesto, logística y coordinación institucional. Eso es normal y necesario. Lo pernicioso es que los recursos destinados a garantizar una elección se conviertan en mecanismo de presión para incidir en quién toma las decisiones del árbitro electoral.
Si un funcionario o funcionaria llega a una posición estratégica con la percepción de que su permanencia, respaldo o llegada fue resultado de una negociación política, su desempeño queda en entredicho desde que pone su foto en el escritorio. Y Jalisco está a meses de entrar en la ruta hacia 2027.
Además, con una salvedad: el último día de septiembre debe quedar nombrada la próxima persona que ocupe la presidencia. Este movimiento que pretende el gobierno es para sembrarle a un funcionario que se encargará, prácticamente, de la conducción jurídica de la elección.
Así, lo que ocurra en el IEPC en los próximos meses tendrá consecuencias que trascienden a un nombramiento administrativo. Y llegar a la elección intermedia con la duda de la independencia institucional no haría sino agravar la credibilidad en el que ya es un organismo debilitado después del atropellado y polémico proceso de 2024 que nos regaló escenarios como trasladar boletas en bolsas de basura.
Aunque la nueva titular afirma que no, la autonomía del Instituto sigue en entredicho. Resta que las autoridades sacudan la duda y nos garanticen autonomía, porque es lo menos que las y los jaliscienses merecemos.
Recomendar Nota
