A Mafalda, la niña de Quino, se le atribuye la frase “Paren el mundo, que me quiero bajar”. Pero el propio Quino aclaró que Mafalda no quería bajarse del mundo, sino que el mundo mejorara. La precisión importa: México no puede evadirse de la realidad, pero sí puede hacer algo que hace años no se permite: detenerse a pensar hacia dónde va. A eso llamo una tregua nacional.
Una tregua no significa olvido, impunidad ni renuncia a las convicciones propias, ni obliga a aceptar un diagnóstico único. Significa reconocer que el costo de seguir peleando puede ser mayor que el de construir acuerdos mínimos. No se trata de eliminar las diferencias, sino de impedir que paralicen a la nación.
Para que el llamado sea honesto, hay que reconocer que la polarización no nació en 2018: ese año fue capitalizada, no inventada. El malestar venía de lejos —bajo crecimiento, salarios estancados, informalidad, corrupción, desconfianza en las instituciones— y quien articuló ese resentimiento encontró terreno fértil. Ignorarlo sería edificar cualquier diálogo sobre una media verdad.
Pero explicar el origen del agravio no obliga a negar los errores que siguieron. Desde 2018, México entró en una confrontación permanente: la división dejó de ser desacuerdo y se volvió identidad, estar con el gobierno o contra él. En lo económico, las decisiones fueron costosas. La cancelación de un aeropuerto en obra avanzada sembró incertidumbre; las transferencias enfocadas a la población vulnerable cedieron ante programas generalizados en efectivo mientras se debilitaban instituciones de salud que atendían a millones sin seguridad social; se financió gasto corriente con deuda y se invirtió en infraestructura sin evaluación. La pandemia agravó todo: se rechazó endeudarse para proteger vidas y empresas, con enormes pérdidas humanas y económicas, y luego la austeridad se abandonó para expandir el gasto con fines electorales.
También se erosionó la división de poderes. La sobrerrepresentación legislativa convirtió una mayoría política en una calificada, y con ella se redujo la independencia judicial, sustituyendo carrera y mérito por elección popular de jueces. Sin contrapesos no hay certeza jurídica; sin certeza jurídica no hay inversión duradera ni empleo formal suficiente.
A todo esto se suma la crisis más delicada, y la menos medida en sus consecuencias: la que enfrentamos con Estados Unidos, en el año en que se revisa el T-MEC. El 1 de julio de 2026, Washington rechazó extenderlo los 16 años que México y Canadá pedían y lo sometió a revisión anual hasta 2036. El tratado sigue vigente, pero la certeza de largo plazo se acabó: lo que era un marco estable se volvió negociación permanente, año con año. Nada ahuyenta más la inversión de largo aliento que esa incertidumbre renovada cada 12 meses.
Y a ese escenario frágil, México añadió un agravante propio. Por primera vez ha frenado la extradición de altos funcionarios reclamados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado —un gobernador y un senador en funciones—, mientras el exsecretario de Seguridad de Sinaloa se entregó allá. Formalmente no la rechaza: la dilata exigiendo más pruebas. El resultado es que un tratado que obliga al Estado se cumple a conveniencia. Incumplir un compromiso de esa jerarquía, justo cuando negociamos el acceso a nuestro principal mercado, es una imprudencia cuyo costo apenas empezamos a dimensionar.
Mientras nos consumimos en el pleito interno, el mundo no espera. La inteligencia artificial redefine el trabajo y la relocalización de cadenas abre una oportunidad enorme para atraer inversión y elevar ingresos. Pero el capital irá a donde haya reglas claras y estabilidad. La historia enseña que se puede pactar en crisis profundas: España lo hizo en 1977 con los Pactos de la Moncloa; México, con el Pacto de Solidaridad Económica de 1987.
Una tregua no resolvería todo. Bastaría un piso mínimo en cuatro temas: Estados Unidos y el T-MEC, seguridad, sostenibilidad fiscal y certeza jurídica para invertir. Porque el verdadero riesgo no es discrepar, sino resignarnos al estancamiento. Sin crecimiento no hay finanzas públicas sanas ni deuda sostenible: una economía que no crece termina, tarde o temprano, atrapada por su propia deuda. Bajarse del mundo no es posible; detenernos para recalibrar el rumbo, sí. Se trata de dejar de ver enemigos donde hay compatriotas, y de volver a resolver las diferencias con argumentos e instituciones.
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