La economía de misiones exige instituciones.
El gobierno contrató a una asesora para avalar el Plan México y recibió, sin advertirlo, el alegato más incómodo contra su propia obra. Circula entre especialistas el borrador de State Transformation for Plan México (julio de 2026), de Mariana Mazzucato y Lara Merling. La profesora vende una idea con marca registrada: la "economía de misiones". Consiste en organizar la política pública alrededor de metas concretas y con fecha —al estilo del programa Apolo—, de modo que el gobierno fije el destino, coordine ministerios, banca de desarrollo y compras públicas alrededor de cada meta, tolere el fracaso de proyectos individuales y otorgue apoyos a las empresas sólo a cambio de compromisos verificables: las "condicionalidades". El informe cumple lo esperado: declara que el Plan México "tiene la dirección correcta". Pero basta leer su arquitectura de implementación para descubrir que cada pieza presupone una institución que la 4T debilitó, absorbió o destruyó.
El inventario es demoledor porque no lo escribió un opositor. Evaluar en tiempo real, corregir y reasignar recursos presupone un evaluador independiente: el Coneval fue absorbido. Su argumento sobre rentas monopolísticas descansa en estudios de la Cofece, extinguida como órgano autónomo. Su ejemplo de innovación desde abajo —las redes indígenas comunitarias de telecomunicaciones— nació de una concesión del IFT autónomo y de una sentencia de la Suprema Corte; ni ese órgano ni esa Corte existen ya en la forma que los hizo posibles. Su misión de energía limpia requiere un regulador independiente del monopolio estatal; hoy el árbitro depende del jugador. Y sus “condicionalidades” son contratos: valen lo que valgan los tribunales que los hacen cumplir. Árbitros, auditores, reguladores, evaluadores y jueces que nadie controle: eso exige la economía de misiones que el gobierno compró. Todo eso es lo que el gobierno destruyó.
Conviene precisar qué es este documento. No es una evaluación independiente: es el entregable de una asesoría con el gobierno cuyo plan califica. Es, además, la quinta aplicación de un mismo machote. Los informes que cita —Barbados, Sudáfrica, Brasil y Reino Unido— repiten idéntica secuencia: diagnóstico, reglas fiscales, misiones, condicionalidades, banca de desarrollo, compras públicas y piloto. Cambia el relleno: donde Brasil decía BNDES, México dice Nafin; donde Sudáfrica decía Eskom, México dice CFE; donde Barbados decía Bridgetown, México dice Tula. El mismo traje para una isla de 280 mil habitantes y para una economía federal de 130 millones. El objeto del aval tampoco resiste escrutinio: a año y medio de su presentación, el Plan México sigue sin memoria de cálculo, sin programa de financiamiento y sin evaluación ex ante de su cartera. Existe en diapositivas. Se contrató arquitectura conceptual para vestir ese vacío.
De ahí la debilidad que más debería ofender a la profesión en México: la soberbia. Llamémosla hubris economicus. El informe no cita a un solo economista mexicano de quienes llevan décadas estudiando la pregunta que pretende responder. No está Santiago Levy, que mostró que el problema no es sólo cuánto invierte México sino qué tan mal asigna sus recursos, ni su explicación de la informalidad por lo gravoso que resulta la seguridad social para las empresas. No están Jaime Ros ni Juan Carlos Moreno-Brid, cuyo diagnóstico estructuralista el informe reproduce, sin atribución, 20 años después. No está Fausto Hernández Trillo, que explicó por qué el predial no se cobra: no por falta de "coordinación", sino por los incentivos de la Ley de Coordinación Fiscal. Tampoco el Grupo Huatusco, que desde 2003 anticipó la objeción central: no basta invertir más; importan la calidad de la inversión y el entorno institucional que determina sus retornos. Uno sospecha la razón de la omisión, y no es académica: para el gobierno que encarga, esos apellidos cargan el estigma de "neoliberales". La asesora, cortésmente, no incomodó al cliente. A cambio, la mitad de su bibliografía la ocupa ella misma.
Mención especial merece su capítulo fiscal, el más débil de todos. Descansa en la tesis del "espacio fiscal endógeno" —la inversión pública paga su propio costo—, el canto de sirena más viejo de la hacienda pública, recomendado justamente al país que acaba de probarlo con una refinería, un tren y un aeropuerto. Propone medir el "patrimonio neto" del sector público citando la reforma británica, sin advertir que aquélla funciona porque un consejo fiscal independiente certifica las cifras: México no tiene consejo fiscal, y el informe no propone crearlo. Y su lista de impuestos nuevos es un catálogo sin aritmética: sin incidencia, sin diseño administrativo, sin suma contra el gasto irreductible que atenaza al presupuesto federal. Ese capítulo merece artículo aparte.
Queda una extrañeza final. México no carece de análisis profundo sobre su economía: es accionista fundador del Banco Mundial, cuya maquinaria técnica —diagnósticos de país, revisiones del gasto público, memorandos económicos, equipos que pasan años en los datos y en el territorio— está a disposición de sus miembros. Ahí se discute, con evidencia y sin machotes, lo que este informe despacha en generalidades. La ironía es completa: el mejor instrumento financiero que el propio informe elogia —la plataforma de garantías por 500 millones de dólares vía Banobras y Fonadin— lo estructuró el Banco Mundial, no el instituto de la profesora. Un gobierno serio habría profundizado esa vía. Éste prefirió a una economista famosa no por diagnosticar, sino por avalar intervenciones del Estado con vocabulario innovador. Compró una narrativa teniendo ya, como socio, al mejor análisis.
No hace falta refutar a Mazzucato; basta tomarle la palabra. Su informe, concebido como aval del Plan México, termina siendo el acta de defunción institucional del proyecto que pretende celebrar. Para que cualquier estrategia —dirigista o liberal— pueda atraer inversión, corregirse y ser creída, México tendría que reconstruir justo lo que este gobierno desmanteló: contrapesos, órganos técnicos autónomos, reguladores independientes, tribunales confiables y una frontera clara entre interés público e interés político. La oposición no necesita decirlo. Lo dice, con membrete de consultoría y convenio firmado con la Secretaría de Economía, el documento que el propio gobierno mandó a hacer.
Referencia: el memorándum de entendimiento entre el UCL Institute for Innovation and Public Purpose y la Secretaría de Economía fue anunciado por el University College London en mayo de 2025: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/news/2025/may/ucl-iipp-and-mexico-government-sign-partnership-support-implementation-its-economic-agenda
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