La soberanía existe para proteger a los ciudadanos y crear condiciones para que trabajen, inviertan y prosperen. Cuando un Estado pierde de vista ese propósito, defiende símbolos mientras sacrifica lo que da contenido a la soberanía: la capacidad de construir un futuro mejor.
Ese es el riesgo que hoy enfrenta México. Y conviene decirlo sin eufemismos: no es un desliz reciente. Es una deriva de ocho años.
El TLCAN y el T-MEC nunca fueron simples acuerdos comerciales. Fueron una decisión estratégica para integrar las capacidades productivas de Norteamérica. Funcionaron porque descansaban en la confianza: reglas, instituciones y palabra empeñada. Esa confianza se ha desmontado pieza por pieza.
La evidencia es contundente. En 2022, Estados Unidos y Canadá iniciaron consultas bajo el capítulo 31 por una política energética que podía discriminar contra empresas privadas. En diciembre de 2024, un panel resolvió contra México en el caso del maíz transgénico: algunas medidas no estaban basadas en evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica ni normas internacionales relevantes. Antes, en 2019, Trump amenazó con aranceles para forzar un endurecimiento de la política migratoria mexicana.
No son accidentes: forman un patrón. Un gobierno que se comporta como si quisiera divorciarse del tratado que sostiene la parte más dinámica de su economía.
Y ahora el capítulo más grave: cuando Washington solicita cooperación jurídica al amparo de un Tratado de Extradición firmado libremente por México, la respuesta es invocar la soberanía. Se abandona el derecho —donde México puede exigir pruebas, garantías y reciprocidad— para instalar la discusión en la retórica.
Debe quedar claro qué se defiende aquí. No la impunidad ni la injerencia. México tiene derecho a reclamar agravios y exigir pruebas. Pero un agravio no se repara incumpliendo un compromiso propio: eso no cancela el primero, agrega el segundo. Y ese segundo lo pagan terceros inocentes.
Lo que se defiende es un principio: un Estado soberano honra los compromisos que asumió libremente. No los invoca cuando le convienen ni los esconde cuando incomodan. La palabra empeñada vale lo que vale su cumplimiento cuando cumplir cuesta. Ahí se mide la seriedad de un país.
Hay algo que el actual gobierno de México parece no ver: en este asunto, el interés estadounidense y el nuestro coinciden. Varias organizaciones criminales vinculadas al tráfico de fentanilo han sido clasificadas por Estados Unidos como terroristas. Matan mexicanos, extorsionan empresarios y capturan gobiernos locales. Combatirlas no es una concesión a Washington: es respetar a las miles de víctimas en nuestro territorio. Resistirse a cooperar en lo que nos conviene, en nombre de la soberanía, confunde el instrumento con el fin.
Douglass North demostró lo que aquí seguimos sin aceptar: las instituciones —las reglas y la confianza en que se cumplen— explican la prosperidad mejor que los recursos. Lastimar la relación con Estados Unidos va contra el interés nacional y contra las instituciones que creamos —y ahora debilitamos— para promover condiciones que transformen recursos escasos en productividad, la productividad, en prosperidad, y la prosperidad, en libertad.
Baltasar Gracián lo advirtió hace cuatro siglos en el Oráculo manual: la prudencia consiste en atender al poderoso sin humillarse, y en no convertir en enemigo a quien puede dañarnos más de lo que podemos dañarlo. No aconsejaba sumisión: aconsejaba no confundir firmeza con temeridad. La dignidad de un Estado se mide por la inteligencia con que elige sus batallas.
Gritar soberanía es fácil. Lo difícil —y lo único que cuenta— es que un mexicano encuentre empleo digno en su tierra.
La soberanía nunca ha sido el destino; siempre ha sido el instrumento. Y la historia no juzgará a este gobierno por las veces que pronunció la palabra, sino por las oportunidades que dejó —o no— a los mexicanos que vienen detrás.
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