Las decisiones han sido tomadas en cascada por la presidenta Sheinbaum, una tras otra en el sentido equivocado para el futuro del país y, paradójicamente también para su movimiento. Las bases y la tendencia las marcó López Obrador: permanencia en el poder a cualquier costo, utilizando cualquier medio, legal o ilegal y protección permanente y universal para los integrantes del movimiento. Sheinbaum ha tenido varias oportunidades para frenar y corregir el rumbo, pero las ha dejado pasar sin que ello significara cancelar la posibilidad de hacerlo más adelante. Por ejemplo, está abierta la posibilidad de continuar las investigaciones contra los marinos, incluido el secretario Rafael Ojeda, involucrados en el huachicol fiscal o contra Adán Augusto López por su vinculación con "La Barredora" de Hernán Bermúdez.
Sin embargo, es muy probable que su negativa a entregar a la justicia de EU a Rocha Moya, Inzunza y los otros sinaloenses acusados de poner el gobierno de su estado a la disposición del Cártel de Sinaloa haya sido un punto de inflexión; un punto de no retorno por la agresividad discursiva –que igualó soberanía con la defensa a ultranza de políticos con sospechas poderosas de trabajar para una organización criminal— con la que ratificó el rechazo a la extradición en un mitin masivo.
Luego siguió el ataque a la CIA y de paso a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por participar en la destrucción de un laboratorio de metanfetaminas; posteriormente se fue durante un par de semanas contra el exembajador Ken Salazar y el FBI acusándolos de mentirosos por negar su participación en el secuestro y entrega del Mayo Zambada hace dos años, sin importarle que ello desnudara y exhibiera el nivel tan aberrante de incompetencia e ineptitud de la FGR.
Luego llegó la increíble y absurda defensa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien en tiempos de la consigna presidencial de primero muertos que colaborar con las agencias de EU, se ofrece sin pudor como informante de todas ellas para intentar salvar el puesto y la libertad.
Finalmente, la arremetida política contra Ernesto Ruffo con fundamentos jurídicos tan sólidos como un pantano para hacer creer a no sé quién que el huachicol fiscal es obra e invención de un exgobernador panista y de nadie más.
Así, las acciones presidenciales son cada vez más desesperadas, improvisadas, endebles política y legalmente y con costos internos y externos serios, pero aún no completamente claros y medibles.
En el caso de la acusación y detención de Ruffo, si ya se sospechaba que la procuración de justicia era un instrumento de control y amenaza política durante la época de Gertz, ahora, y pese a la promesa de Ernestina Godoy de no fabricar casos como su antecesor, hunde aún más a la FGR en el desprestigio; las mismas sospechas de fin de la reforma judicial se confirmaron con el cambio de juez –de uno de carrera u otra electa por acordeones—para poder conseguir la orden de detención del exgobernador.
Así, la apuesta de la presidenta para sostener el pacto de impunidad ordenado por AMLO ya nos costó la posibilidad de una FGR autónoma y el entierro definitivo de cualquier asomo de credibilidad en el Poder Judicial resultado de su reforma. Pero faltan las apuestas mayores porque los estadounidenses aún no pasan la factura, pero que avisan casi todos los días que la siguen elaborando y engrosando: ¿otros cuatro o cinco gobernadores en funciones señalados por sus vínculos con el crimen más dirigentes de su partido y familiares de López Obrador? ¿Algún operativo como el del Mayo Zambada o Nicolás Maduro? ¿Acusaciones de lavado de dinero de instituciones financieras? ¿Aranceles especiales?
Porque lo que Sheinbaum ha puesto en la mesa del juego, no solo a la FGR y al Poder Judicial ya los perdió, también la gobernabilidad del país y la viabilidad de la economía.
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