Cuando Morena ganó sus primeras elecciones presidenciales, su verbo incendiario estaba inflamado por una suerte de magisterio moral ejercido por un profeta menor y México empezaría a vivir una era de honestidad como nunca antes. Siete años después, aquella alegoría colapsó de manera grotesca y estos han sido, probablemente, los gobiernos más corruptos que México haya tenido.
En su encuesta de junio, AtlasIntel/Bloomberg destaca que 33 por ciento de los consultados piensa que el gobierno de Sheinbaum ha sido “malo” o “muy malo” y 52 por ciento cree que la corrupción es el problema más importante en México. Si se le suman inseguridad, criminalidad y narcotráfico (29.7%) e impunidad y sistema judicial (10.6%) arroja un 92 por ciento de los mexicanos que ve o vive problemas graves condensados, en una modalidad u otra, en violaciones al Estado de derecho. Se explica entonces que en el Índice de Transparencia Internacional de corrupción global México cayera al lugar 141 sobre 182 países.
¿Cómo fue que tan rápidamente se derrumbó el edificio moral del que presumían? Veamos.
La primera respuesta es, desde luego, que ese andamiaje nunca existió. Muchos se subieron al barco para protegerse de su corrupción previa y cuidar los dineros mal habidos, y otros llegaron a cobrarse lo que, según ellos, la vida, la clase social, la desigualdad o el vecindario no les dio.
La segunda tiene que ver con la notoria ineptitud de los morenistas en materia de gestión pública, desde el nivel presidencial hasta la burocracia que llegó con ellos. Ignoran la coyuntura internacional, desconocen los aspectos básicos de la economía, desprecian el diseño, formulación y ejecución correctas de las políticas públicas, rechazan cualquier asunto técnico que no entiendan, no les importa dar resultados concretos, tangibles y medibles porque nadie les exige rendición de cuentas, y, como guinda en el pastel, ahora aparecen estructuralmente metidos hasta el cogote en el narcocrimen.
Algunos de sus fieles justifican que, directamente, no se han embolsado dinero contante y sonante, salvo en los sobres amarillos, la asignación discrecional de contratos públicos y los negocios mal habidos. Pero resulta que el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ordena que los funcionarios públicos cumplan con los principios de objetividad, profesionalismo, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos, lo que claramente han violado.
Las decisiones de la cancelación del nuevo aeropuerto y la edificación del AIFA, de los trenes, Segalmex, Mexicana o la refinería Dos Bocas tipifican delitos punibles en el terreno penal que han costado alrededor de 23 billones de pesos (es decir, 23 mil millones de millones de pesos). Ese ha sido, diría Pablo Hiriart, el “costo de una locura”.
En el caso de la refinería, por ejemplo, llamaron a varias empresas especializadas en 2019 y se les ocurrió ponerles un tope presupuestal de 8 mil millones de dólares; todas dijeron que era imposible. Pues bien, el costo de la ocurrencia ya va en 21 mil 500 millones de dólares y opera apenas al 42% de su capacidad. Esa decisión absolutamente irresponsable, como las otras, constituye desde luego un delito.
Como los malos ejemplos cunden rápidamente, la corrupción de arriba ha contaminado buena parte del aparato público a todo nivel (de la que a decir verdad no escapan otros partidos) y ha llevado a una metástasis que funciona en la práctica como organización delictiva.
El saldo ha sido brutal: de esperanza de México al hundimiento moral jamás visto.
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