Hoy inicia formalmente la primera revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, después de que Estados Unidos anunciara que, por ahora, no está dispuesto a extender automáticamente su vigencia por otros 16 años. Conviene aclarar una confusión muy extendida: el tratado no termina y Estados Unidos no se retira. Lo que comienza es un mecanismo previsto desde el origen del propio acuerdo.
El Tratado establece que, seis años después de su entrada en vigor, los tres gobiernos deben reunirse para revisar su funcionamiento y decidir si desean extender su vigencia por otros 16 años. Si alguno de ellos no confirma esa extensión, el tratado sigue plenamente vigente y simplemente se activa un periodo de revisiones anuales hasta 2036. En cualquiera de esas revisiones posteriores, los tres países pueden todavía acordar la extensión por otros 16 años. Sólo si nunca se alcanza ese consenso, el tratado concluiría en 2036. Es decir, no estamos frente al fin del tratado, sino al inicio de un proceso de negociaciones anuales.
Las prioridades de Estados Unidos son claras: mantener empleos y reducir su déficit comercial. Sus principales herramientas son reglas de origen más estrictas y la utilización de aranceles bajo argumentos de seguridad nacional. Todo ello ocurre, además, en un entorno de competencia política en Estados Unidos rumbo a las elecciones de noviembre.
Es en este entorno que se está configurando un escenario que probablemente Donald Trump no anticipaba del todo. El Tratado goza de respaldo tanto entre republicanos como entre demócratas, cuenta con el apoyo de muchos sectores productivos y beneficia a ampliasregiones de Estados Unidos cuya competitividad depende de las cadenas de suministro norteamericanas. No es casualidad: el comercio entre los tres países asciende a cerca del 16% del comercio global y la región representa cerca del 30% del PIB mundial. Por ello, resulta poco probable que Washington decida presionar el botón de destrucción total del acuerdo.
Lo más previsible es que esta primera revisión desemboque en reglas de origen más estrictas y mayores requisitos de contenido regional, particularmente de contenido estadounidense. Paradójicamente, ello podría reducir la competitividad de los propios productos norteamericanos frente a los fabricados en otras regiones del mundo y traducirse en mayores precios para consumidores y empresas de los tres países.
Las revisiones anuales distan de ser el escenario ideal para la inversión. Pocas empresas desean comprometer capital de largo plazo cuando las reglas podrían modificarse cada año. Una extensión inmediata por otros 16 años habría ofrecido mayor certidumbre, pero ese escenario hoy luce políticamente inviable. Las revisiones anuales representan, en realidad, el mal menor.
Algunos sostienen que habría sido preferible aceptar mayores concesiones a cambio de una extensión inmediata. No comparto esa visión. Conociendo la personalidad negociadora de Donald Trump, resulta ingenuo pensar que una renovación por 16 años habría impedido nuevas presiones o exigencias en el corto plazo. La única certeza es que, con Trump, no existe certidumbre absoluta.
Le deseo éxito a nuestros negociadores.
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