Efectivamente, la informalidad está goleando a la formalidad.
Nadie en su sano juicio ve con optimismo a la economía mexicana. Aunque en público pocos se atreven a manifestar sus preocupaciones, en la intimidad de conversaciones privadas, casi todos externan su molestia por como se está conduciendo el país. Los expertos han venido reduciendo sus pronósticos de crecimiento para 2026. Nadie considera que éste sea momento para invertir en México. Los datos de inversión lo confirman. La inversión presenta ya muchos trimestres de debilidad y ahora ya también el consumo privado empieza a mostrar fatiga. La economía se está quedando sin motores.
Las consecuencias ya se reflejan en el mercado laboral. La generación de empleo formal es claramente insuficiente. De enero a mayo de 2026 se crearon apenas 201 mil puestos (necesitamos cerca 1.2 millones de empleos nuevos por año). En mayo, además, se perdieron cerca de 30 mil empleos formales.
Pero el dato verdaderamente alarmante está del lado de los empleadores. Al cierre de mayo de 2026 existían 1 millón 15 mil 999 registros patronales ante el IMSS, 26 mil 393 menos que un año antes. Esto quiere decir que se cerraron más de 26 mil fuentes de empleo y aunque el IMSS señala que un registro patronal no equivale necesariamente a una empresa, la persistencia de la caída revela un evidente deterioro del tejido productivo formal.
En otras palabras, las fuentes de empleo formal se están extinguiendo y muchos trabajadores y empresas están encontrando refugio en la informalidad. El problema ya no es solamente que se crean pocos empleos, es que están desapareciendo los empleadores.
Las consecuencias son graves. La primera es una menor productividad. La economía informal opera con menor acceso al crédito, menor capacitación y menos inversión. Más informalidad significa menor crecimiento económico y salarios más bajos.
La segunda consecuencia es fiscal. Menor formalidad implica menos contribuyentes y menos recaudación. Eso significa menos recursos para la Federación, pero también para estados y municipios. La consolidación fiscal prometida para 2026 se ve cada vez más difícil y el riesgo de una revisión negativa en la calificación crediticia del país deja de ser una amenaza lejana.
La tercera consecuencia es institucional. La informalidad favorece el uso del efectivo y limita la penetración del sistema financiero. Ello facilita la mezcla de recursos lícitos con recursos de procedencia ilícita y complica la supervisión de las autoridades.
El gobierno se niega a reconocer que esta pérdida de empleos y de patrones es, en realidad, consecuencia del desmantelamiento de las instituciones democráticas del país. La destrucción del Poder Judicial, la desaparición de contrapesos y las facultades prácticamente ilimitadas otorgadas a la Unidad de Inteligencia Financiera han creado un entorno de indefensión jurídica para quienes invierten y emprenden. Nadie arriesga su patrimonio cuando las reglas dependen del humor del gobierno.
Mientras el gobierno no de marcha atrás en la destrucción del Estado de derecho, las cosas sólo pueden empeorar.
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