México dejó de ser un país joven. Se agotó el famoso bono demográfico y, con él, desaparece una de las pocas ventajas estructurales que durante décadas nos hicieron creer que el futuro llegaría por inercia.
Las cifras son contundentes. La tasa de fecundidad ha caído a apenas 1.6 hijos por mujer, debajo del nivel necesario para reemplazar a la población. El crecimiento demográfico, que en los años 70 superaba 3% anual, hoy es menor a 1%. La pirámide poblacional dejó de tener la forma de un país joven. De hecho, las proyecciones indican que en menos de una década habrá más adultos mayores que niños en México.
Durante años repetimos que México era un país joven. Y lo era. Pensábamos que podríamos tomar malas decisiones de política pública porque sus consecuencias serían atenuadas por el paso del tiempo. Siempre habría una nueva generación entrando al mercado laboral, consumiendo, ahorrando y sosteniendo el crecimiento económico.
El bono demográfico podía traducirse en prosperidad por razones muy concretas: más trabajadores por cada dependiente, mayores niveles de ahorro e inversión, una base tributaria más amplia y un mercado interno en expansión. En teoría, una población joven permite que la economía crezca más rápido y genere los recursos necesarios para enfrentar los retos del futuro.
Pero ese bono nunca fue automático. Siempre dependió de crear empleos formales, ofrecer educación de calidad, contar con sistemas de salud eficientes y garantizar un sólido Estado de derecho. En otras palabras, dependía de elevar la productividad de esa generación numerosa que hoy comienza a envejecer.
Eso fue exactamente lo que hicieron países como Alemania y Corea del Sur. Aprovecharon su juventud para invertir en capital humano, fortalecer instituciones y aumentar la productividad. Transformaron una oportunidad demográfica en desarrollo económico.
México está haciendo exactamente lo contrario.
Con la llegada de López Obrador a la Presidencia, ideologizamos a la educación pública y la hicimos inservible, debilitamos el sistema público de salud, destrozamos al Poder Judicial erosionando la certeza jurídica indispensable para atraer inversión, confundimos la política social orientada a generar oportunidades con programas diseñados para construir clientelas electorales, y dilapidamos la inversión pública en proyectos faraónicos y absurdos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Hoy comenzamos a sentir las consecuencias. Una economía estancada con muy poca inversión, con altos niveles de informalidad, con una recaudación tributaria insuficiente y con un gasto público cada vez más rígido y comprometido con transferencias políticamente rentables, pero económicamente improductivas.
El problema es que ahora el tiempo juega en nuestra contra. Ya no somos el país joven que podía darse el lujo de equivocarse. La ventana demográfica se cerró y llegamos a la vejez como nación sin haber construido la prosperidad necesaria para sostenerla.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero ello exige un cambio profundo de prioridades y de gobierno. De lo contrario, condenaremos a los viejos y jóvenes del futuro a vivir en una precariedad que hoy ni siquiera alcanzamos a imaginar.
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