El 5 de noviembre pasado The Wall Street Journal informó que la policía colombiana capturó al juez mexicano Luis Benítez, buscado por Estados Unidos y acusado de recibir un soborno de 2 millones de dólares por liberar a un narcotraficante dedicado al contrabando de cocaína.
Hasta allí nada inusual en México como bien lo reflejan sus calificaciones específicas en justicia civil y penal del Rule of Law Index 2026 que pone al país en los puestos 134 y 135 respectivamente, sobre 143 países. Pero es muy probable que, a partir de las reformas judiciales que se hicieron a nivel federal y en los estados, ese tipo de delitos sean más frecuentes porque, con excepciones desde luego, los jueces y magistrados (¿y ministros?) han pasado a ser un producto a la venta.
Por lo pronto, a nivel federal ya han sido sancionados 22 jueces de distrito y 12 magistrados de circuito hasta julio de 2026, de un total de 75 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que han recibido sanciones firmes durante el primer año de operaciones del nuevo sistema disciplinario.
A nivel estatal no existen todavía cifras completas porque cada Poder Judicial administra sus sanciones por separado, pero es indispensable que en las próximas ediciones del Censo Nacional de Impartición de Justicia del INEGI aparezca el desglose por entidad.
La pregunta clave es por qué están ocurriendo estas incidencias.
Lo primero es que no son prácticas inéditas en la impartición de justicia en México. Lo destacable, sin embargo, es que a partir de las reformas se ensanchó la puerta para designar, por vía de la tómbola, los acordeones o el dedazo, a juzgadores que en realidad son socios, cómplices, subordinados o aliados de gobernadores o funcionarios federales que llegaron a esos cargos en buena medida por discrecionalidad.
Hasta allí tampoco habría nada nuevo. Como empleados del poder -repito: con excepciones- harán lo que éste les diga, en tanto son vicarios de quienes los llevaron a ser jueces. Esto tendrá al menos dos efectos. Uno por supuesto es que atiendan órdenes de sus jefes federales o locales, en especial cuando éstos terminen sus encargos y empiecen a ser perseguidos si cometieron algunos delitos, hipótesis muy probable. Pero el otro es que cuando esos mandarines se hayan ido, los juzgadores empezarán a ver que el negocio de vender justicia al mejor postor es un negocio propio, atractivo y muy rentable, como pasó con ese juez que liberó a un narco a cambio de 2 millones de dólares.
Por otro lado, cuando los particulares involucrados en procesos civiles o penales ingresen a ese mundo judicial relativamente nuevo es posible que magistrados, jueces u otros funcionarios de los poderes judiciales, graciosamente les sugieran que acudan a tales o cuales despachos de abogados para que les ayuden a que sus casos prosperen en la dirección deseada, mediante, por supuesto, el lubricante de la corrupción, que de esa forma será operada vía el intermediario y se evita la “desagradable” entrega o transferencia directa del dinero, como se hizo con el juez Benítez.
A eso se le llama el mercado negro de la justicia y es algo que ya ocurre en varios estados.
Podrá alegarse que para impedirlo están los tribunales de disciplina judicial, sí, pero no es descartable que a éstos les resulte más lucrativo entrar a ese circuito que sancionarlo. Como escuché en boca de un abogado: “Lo que tiene precio…se puede comprar”. Ese el México real que circula por las salas lúgubres de los juzgados.
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