Hace años, un grupo de empresarios pecuarios de Jalisco acudió a ver a su gobernador porque un grupo de facinerosos les había invadido sus tierras y por cada día que pasara les era imposible producir y exportar. El Ejecutivo no quería usar la fuerza, para lo cual tenía facultades, y les prometió ver la manera de “bordear” la ley para sacarlos. Es decir, el verbo no fue cumplir, violar o cambiar la ley, sino apelar a este eufemismo: bordearla.
Ese el México real en el que políticos, funcionarios y ciudadanos conviven y actúan conscientemente todos los días y que nada tiene que ver con la boruca que hacen los aspirantes a alguna chamba electoral o lo que se dicen entre sí los analistas que apenas miran ese México desde las redes o los que creen que hacen la revolución vía un artículo en revista “arbitrada” o los que, sencillamente, anhelan reciclarse porque no encontraron alguna ocupación decorosa fuera de la política.
El denominador común es que esa arca de Noé no capta, ni de lejos, la magnitud de la confusión nacional ni, por consecuencia, la complejidad de sus enfermedades. Salvo cuando se trata de una coreografía bien montada tipo INE, toda su producción, además de estéril para influir, se ha vuelto ya soporífera siquiera para desentrañar problemas endémicos tan graves como la corrupción. Veamos.
Desde el lado público, son bien conocidas las modalidades de corrupción en el derroche del gasto, la asignación tramposa de contratos públicos para construir infraestructura, adquirir bienes y servicios de mala calidad y con sobreprecios, llenar de fantasmas las nóminas burocráticas, participar en los circuitos de lavado de dinero, otorgar permisos y licencias de funcionamiento y un largo etcétera.
Desde el lado civil, el ciudadano común está cada vez más habituado a violar todo tipo de leyes y reglamentos, desde los más sencillos como los ordenamientos viales hasta invadir terrenos, robarse la luz o el agua, repartir mordidas para acelerar trámites, comprar grados académicos o facturas falsas, edificar donde no debe, entre otras cosas. A ese mexicano promedio le importan un rábano términos como Estado de derecho, recesión democrática o liberalismo político.
Es decir, según observaba Héctor Aguilar Camín, “la ilegalidad es un hecho de la vida pública y un rasgo de la conciencia privada. Incluye a una buena parte de la población, mexicanos que no son delincuentes, pero que viven fuera de la ley en algún aspecto fundamental de sus vidas”.
Y en tiempos recientes hay más información sobre cómo opera la corrupción en la empresa. Un estudio de KPMG (https://shorturl.at/DjWfM) encontró que 45% de las empresas en México reporta haber sufrido el intento o la materialización de un fraude (35% externo, 32% interno y 33% ambos tipos). De este universo, los tipos de fraude más frecuentes tienen que ver, en este orden, con incurrir en conflictos de interés, robos de identidad, malversación de efectivo y robo de activos. Todo, dentro del espacio privado.
Es claro, en suma, que la corrupción en México es quizá reprobada a nivel verbal, pero ampliamente practicada como un recurso para funcionar en diversos contextos. Peor aún: parece que ha anidado ya en el ethos colectivo y en el tejido social en que el mexicano promedio se mueve. Basta ver la interminable hilera de casos de corrupción que se ha producido en los últimos años sin que se haga algo para mitigarla ni mucho menos frenarla, sin que haya rendición de cuentas ni consecuencias legales.
A este paso ¿ha llegado el día en que México, de plano, no pueda vivir sin corrupción?
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