El sistema procesal penal en México vive una peligrosa contradicción. Aunque la reforma constitucional de 2008 prometió un juicio oral basado en el más alto respeto a los derechos humanos, la fase preliminar del proceso se ha convertido en un colador de arbitrariedades. Bajo el pretexto de que en las etapas tempranas solo se requiere un “estándar mínimo”, los juzgados de control operan con una laxitud que automatiza la restricción de la libertad y desnaturaliza las garantías constitucionales. En el …