Recientemente Estados Unidos oficializó la imposición de un arancel de 10% bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 a bienes de 60 economías, incluido México. El pretexto oficial es la supuesta falta de resultados contra el trabajo forzado en las cadenas de suministro globales. Aunque el T-MEC actúa como un blindaje para 85% de las exportaciones mexicanas, el nuevo gravamen castiga al 15% restante, afectando principalmente a la manufactura triangular asiática, los textiles fuera de regla y los alimentos procesados sin certificación de origen.
Esta medida forma parte de la estrategia norteamericana para dominar mediante la gestión de la incertidumbre. Al rechazar la extensión automática del T-MEC por 16 años y decantarse por las revisiones anuales, Washington utiliza los aranceles como moneda de cambio para extraer concesiones. Esta amenaza constante, sumada a una variedad de factores de origen interno, erosiona la certidumbre para invertir, ralentizando la inversión física y comprometiendo la ya anémica tasa de crecimiento del país, de manera que es poco probable que el aumento del PIB en 2026 sea mayor a 1.1%, con lo que se continuaría extendiendo la debilidad del crecimiento económico de los últimos 30 años, agudizada a partir de 2018.
Para compensar este deterioro, México necesita activar fuentes internas de certidumbre, comenzando por un control de daños de la reforma judicial para recuperar la confianza empresarial, estímulos para fomentar la formalización, el fortalecimiento del capital humano, mejorar la calidad de la gobernanza (especialmente en materia de combate real a la corrupción y reducción de la inseguridad), una reforma fiscal profunda que incremente los ingresos fiscales al tiempo que mejore la calidad de la asignación del gasto, y una política industrial que transite del mero ensamble a la innovación y generación de propiedad intelectual.
Aquí es donde las recientes recomendaciones de Mariana Mazzucato podrían cobrar una relevancia estratégica. Si hacemos caso a su propuesta de un Estado emprendedor, vemos que esta supone la capacidad de moldear mercados mediante misiones ambiciosas en soberanía hídrica, energética y productiva, así como de implementar "tratos" de condicionalidad recíproca, en los que el apoyo estatal a las empresas vendría aparejado de compromisos reales de transferencia tecnológica, capacitación especializada y reinversión local, con lo cual México podría fortalecer sus ventajas competitivas y disminuir su vulnerabilidad respecto de Estados Unidos.
Sin embargo, existe una brecha profunda entre las capacidades administrativas actuales del Estado mexicano y las que el modelo de Mazzucato presupone. Mientras la profesora del University College London exige una burocracia con capacidades dinámicas, brazo técnico robusto y autonomía para experimentar, la ejecución de la "austeridad republicana" en México ha provocado un éxodo de perfiles técnicos calificados y una pérdida de memoria institucional. La centralización y el debilitamiento de organismos autónomos como Cofece e IFT merman las capacidades del Estado para actuar como un estratega técnico capaz de negociar de igual a igual con multinacionales.
Para implementar dichas misiones con éxito y minimizar el impacto de la incertidumbre inducida por EU, el gobierno mexicano debe reformarse a sí mismo. Es imperativo profesionalizar la burocracia y establecer una institución coordinadora independiente y técnica, similar a la Oficina de Desarrollo Económico (EDB) de Singapur, que blinde los proyectos industriales de los vaivenes políticos y de su captura por poderes fácticos. Asimismo, viene al caso crear un laboratorio de innovación pública interno para ayudarnos a revertir el debilitamiento de las capacidades técnicas del sector público. Solo un Estado con músculo técnico y certeza jurídica podrá convertir el asedio comercial en una oportunidad para encaminar a México por la ruta de un crecimiento económico robusto, acelerado, incluyente y sostenible.
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