La gentrificación existe y hay que enfrentarla. Cuando una familia tiene que dejar su colonia porque la renta se volvió impagable, puede perder la cercanía con el trabajo, con su familia y la escuela de sus hijos. Esa es una realidad, pero es absurdo que Clara Brugada quiera resolver ese problema trasladando su costo a los ciudadanos que ponen una vivienda en renta. Si faltan viviendas que la gente pueda pagar, al gobierno le toca ampliar esa oferta, incentivar el desarrollo y la construcción de vivienda asequible.
Pensemos en quien compró un departamento con años de ahorro y todavía paga la hipoteca. Al escriturar pagó el impuesto de adquisición y los gastos de inscripción. Cada año paga predial, mantenimiento si es condominio y si hay que reparar una fuga o cambiar la instalación eléctrica, la cuenta también es suya. Ahora, con la discusión sobre actualizar los valores catastrales, pagará más predial y con todo y eso Morena quiere topar el cobro de la renta. Para muchas familias, esa renta completa la jubilación o sirve para seguir pagando el crédito de una propiedad.
El Código Civil ya limita el aumento anual de las rentas a la inflación y la Suprema Corte avaló esa regla. La iniciativa de Brugada extendería el tope incluso cuando cambie el inquilino. Si el dueño hace mejoras sustantivas y quiere cobrar por encima de ese límite, tendría que pedir autorización a la Defensoría Inquilinaria, una instancia que pretenden crear y que sólo generaría mas burocracia. Además, se fija un plazo mínimo de un año y se restringe la evaluación de inquilinos a su solvencia económica, con autorización expresa. Combatir la discriminación es indispensable, pero el propietario debe poder elegir con quién firma y acordar con el inquilino las condiciones del contrato. No solo importa la solvencia económica sino los buenos cuidados del inmueble, la puntualidad del pago y cuando se vive en condominio el respeto a las reglas del mismo, entre otras cosas.
Además existe un incentivo perverso, si el precio de hoy condiciona el del siguiente contrato, algunos dueños podrían salir al mercado con una renta inicial más alta y otros podrían vender o retirar sus inmuebles del alquiler habitacional o rentarlo periódicamente por distintas plataformas y eso puede generar que quien necesita mudarse encuentre menos opciones.
La iniciativa además hace del registro digital un requisito de validez del contrato y otorga a la Defensoría tareas de mediación y facultades para imponer multas, sin garantizar la transparencia y honorabilidad de dicha defensoría, ni su imparcialidad cuando una misma oficina ayude a conciliar y pueda sancionar.
Brugada habla de ampliar la vivienda pública en renta y de sumar inversión privada. Que diga cuántas viviendas se construirán, dónde, con qué presupuesto y en qué plazo. La ciudad puede aportar suelo público ubicado, agilizar permisos e incentivar la construcción de vivienda de costo bajo y moderado, pero para garantizar la viabilidad de nuevos proyectos inmobiliarios debe invertir en agua, transporte y servicios cerca de esos proyectos.
Hay familias que pueden pagar una mensualidad y siguen fuera del crédito porque trabajan por su cuenta o carecen de un enganche. Para ellas hacen falta créditos que reconozcan ingresos comprobables y apoyos para reunir el pago inicial. Para quien necesita rentar, el gobierno puede ofrecer garantías de pago y apoyos temporales cuando peligre su permanencia en el barrio.
La discusión en el Congreso de la Ciudad de México debería empezar por una pregunta para Clara Brugada. ¿Cuántas familias más podrán vivir cerca de su trabajo y pagar la renta con su salario? Mientras la respuesta sea un trámite, una multa y el mismo número de viviendas disponibles, lo único que habrá hecho su gobierno es pasarle la cuenta al ciudadano.
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