El IFE nació en 1990 y se transformó en INE en 2014, como parte de una construcción democrática de décadas. Hoy, los señalamientos de corrupción contra su expresidenta merman aún más una credibilidad ya erosionada por decisiones de los últimos años. Morena metió mano en el árbitro y ahora pretende desentenderse del cochinero que hay en su interior a menos de un año de las elecciones.
La historia no comienza con Taddei. Desde el inicio del gobierno de López Obrador hubo recortes presupuestales y descalificaciones contra el INE, su entonces presidente, Lorenzo Córdova, y sus consejeros. Pero conviene distinguir: en julio de 2020 se nombraron cuatro consejeros mediante un amplio acuerdo entre Morena y la oposición en San Lázaro. El quiebre llegó el 31 de marzo de 2023 cuando por primera vez, la presidencia se definió por insaculación. Taddei salió de una tómbola, hubo evaluación previa y una quinteta de finalistas, pero, ante la falta de acuerdo legislativo, la decisión definitiva quedó al azar.
Después vino la concentración de poder. La reforma publicada el 14 de octubre de 2024 permitió a la presidencia designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Antes, esos nombramientos requerían al menos ocho votos del Consejo General, requisito que obligaba a construir acuerdos y permitía que otras consejerías revisaran y rechazaran propuestas. Morena y sus aliados eliminaron ese contrapeso, la Secretaría Ejecutiva conservó la aprobación colegiada; no desaparecieron todos los controles, pero sí uno decisivo sobre la integración del equipo directivo.
Además de una pésima definición del perfil que quedó a cargo del INE, si bien los contrapesos no son una garantía de probidad, la autonomía necesita controles internos que contribuyan a reducir las posibilidades de abuso y corrupción. Concentrar nombramientos y dar el poder absoluto como se hizo con Taddei, facilita los abusos que hoy estamos viendo. La colegialidad distribuye decisiones y evita que la confianza personal sustituya la vigilancia institucional.
Y Taddei no es ajena a Morena, que no se quieran lavar las manos después del cochinero. López Obrador celebró su designación; Claudia Sheinbaum la respaldó públicamente, y Sergio Gutiérrez Luna la defendió desde la representación del partido ante el INE. Su hijo fue nombrado consejero jurídico del gobierno morenista de Alfonso Durazo en Sonora; su primo fue delegado de Bienestar, y otros familiares ocuparon u ocupan cargos públicos y hasta una diputación por Morena, es decir, tienen nexos por todos lados. La celebraron, la defendieron y la fortalecieron, es un monstruo de su creación y que ahora no la nieguen.
Taddei presentó su renuncia el 26 de octubre. Su salida no esclarece contratos, no recupera recursos ni devuelve automáticamente la credibilidad de la institución. Las revelaciones sobre la cercanía del proveedor Alfredo Hernández con Taddei exigen investigaciones exhaustivas sobre posibles conflictos de interés y desvío de recursos públicos. No basta con la investigación iniciada por la Auditoría Superior de la Federación ni con la renuncia de Taddei. México merece respuestas y si se acreditan delitos deben imponerse sanciones efectivas, sin excepciones, encubrimientos ni protección política. La renuncia no puede convertirse en punto final ni en salvoconducto para nadie.
Defender al INE exige proteger su trabajo profesional y reconstruir los contrapesos debilitados. A ocho meses de las elecciones de 2027, es sumamente delicado que una institución ya cuestionada quede más frágil y desacreditada. Esa debilidad compromete la confianza con la que México llegará a las urnas. Morena no puede aprovechar esta crisis para someter aún más al árbitro. Al contrario, necesitamos una presidencia autónoma, controles efectivos, funcionarios electorales probos, sin conflictos de interés y responsabilidades claras. México necesita un INE limpio e independiente, no uno obediente.
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