Cuando la ideología prevalece en la academia se terminan por validar injusticias y generar discriminación.
La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (2023) es un ejemplo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó, el 9 de octubre, que los académicos de universidades privadas no reciban recursos públicos para realizar sus investigaciones.
Se establecen excepciones, y estas son que exista colaboración con instituciones públicas y que se atiendan prioridades nacionales. ¿Cuáles son estas últimas? Las que el gobierno en turno decida.
Pero, en general, cualquier investigador adscrito a una universidad privada queda fuera de apoyos que muchas veces son esenciales para continuar con sus trabajos o para contar con ingresos suficientes para labores especializadas.
En realidad estamos ante un prejuicio ideológico convertido en ley, que se detonó por las manías del presidente López Obrador contra las instituciones de carácter privado y que tuvo como operadora principal a María Elena Álvarez-Buylla, la entonces titular del Conahcyt, quien tanto daño causó a la ciencia y a la educación.
También quedó firme que los estudiantes de posgrado que acudan a universidades que cobren colegiaturas no pueden recibir ningún estímulo público.
Es decir, si un estudiante quiere continuar su educación en alguna de las universidades más prestigiosas del mundo, se puede olvidar de que el Estado mexicano lo respalde, porque hay otras prioridades.
Es un hecho que discrimina: hay investigadores con derechos y otros que ya no tienen tantos.
Se parte de la idea equivocada, o más bien ideologizada, de que las universidades privadas son solo un negocio, cuando en muchos casos son instituciones útiles a la sociedad, como el sistema de universidades jesuitas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey o el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por citar solo algunos casos.
Aunque es todavía peor, porque se afecta de modo directo a los académicos, muchos de los cuales pueden estar en instituciones privadas porque no encuentran espacio en las públicas, o porque en estas no existe el interés y mucho menos los recursos para su campo de estudio.
Es triste que el Tren Maya, una obra que nunca tendrá retorno económico y que tanto daño hizo y hace al medio ambiente, sea una prioridad nacional, y que los investigadores del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que están en universidades privadas no lo sean.
El mejor capital que tiene la educación es humano, y los profesores e investigadores, más allá de donde dicten sus cursos o trabajen en sus proyectos, son piezas esenciales para el desarrollo del país.
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