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Entre el ruido y lo importante

El régimen morenista ha decidido evadir su responsabilidad en la designación y protección a Guadalupe Taddei y en las consecuencias de su gestión. Mientras el engrudo se les hace bolas y el caldo amenaza con salirles más caro que las albóndigas por la estrategia de propaganda elegida, hay un asunto que exige atención prioritaria en medio de la crisis política que vivimos. Próximamente, el Consejo General del INE aprobará el acuerdo que establecerá el mecanismo para asignar las diputaciones plurinominales de la elección del próximo 6 de junio.

Mucho se ha escrito y dicho sobre el desequilibrio entre la voluntad popular expresada en las urnas en 2024 y la integración de la Cámara de Diputados. Morena y aliados obtuvieron 54% de los votos, pero el INE les asignó, y el Tribunal Electoral confirmó, 72.8% de las curules. Esa sobrerrepresentación hizo posible, entre otros, la concentración de poder en el Ejecutivo federal y el desmantelamiento de contrapesos institucionales que sostuvieron nuestra gobernabilidad democrática.

Este abuso tiene su origen en una interpretación de las reglas que terminó por desvirtuar el espíritu del artículo 54 de la Constitución, dedicado a evitar que una sola fuerza política pudiera aprobar reformas constitucionales. La evolución de los acuerdos del INE no estableció límites a las coaliciones partidistas y contradijo la finalidad constitucional de garantizar proporcionalidad y representación de la pluralidad.

En el debate público se mezclan videos incriminatorios, renuncias y despidos en el INE, denuncias sobre anteriores procesos electorales, atribuciones y omisiones de distintas autoridades, condiciones partidistas para participar en la designación de la presidenta del instituto y un largo etcétera. Todo merece investigación, transparencia, rendición de cuentas. Pero no estamos dando suficiente volumen a otra exigencia urgente: defender el derecho ciudadano a que el voto tenga el efecto proporcional real en la integración del Congreso.

El INE tiene atribuciones para establecer los mecanismos técnicos de aplicación de la fórmula y evitar que los convenios de coalición se conviertan en instrumentos para manipular la representación. En términos más sencillos, esos convenios han validado mecanismos para prestar candidaturas y distribuir triunfos entre partidos de una misma coalición, ocultando la militancia efectiva de quienes llegan a las diputaciones.

La estrategia oficial nos está distrayendo de asuntos fundamentales. Esclarecer y procesar la responsabilidad de Taddei y de quienes participaron en los posibles delitos denunciados, la renovación de la presidencia del INE y los acuerdos y avances para garantizar un proceso electoral confiable.

El Consejo General del INE tiene una responsabilidad ineludible. No basta aplicar mecánicamente una fórmula, ni repetir criterios anteriores. Debe cerrar los espacios que han permitido distorsionar la voluntad ciudadana y garantizar que la representación proporcional cumpla con el propósito constitucional.

El escándalo podrá continuar creciendo o pasar al olvido, pero las reglas con las que se integrará la próxima Legislatura pueden volver a comprometer el equilibrio democrático. Lo demás es niebla y ruido.

Las y los ciudadanos también tenemos responsabilidades. Participo en el colectivo Poder Ciudadano @PodermxXmx y formamos parte de la convocatoria a la movilización nacional del próximo domingo 6 de diciembre para exigir la recuperación del INE. Infórmate @MareaMexicana

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