La acusación penal presentada en Estados Unidos contra Raúl Castro y cinco coacusados por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, en 1996, cambia el tono de la relación entre Cuba y Estados Unidos. Los cargos son graves: conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.
Conviene leer el hecho con precisión. Una acusación no es una sentencia; una orden de arresto no equivale a captura, y un expediente judicial no prueba, por sí mismo, una operación militar inminente. Su peso está en que Washington ha decidido convertir un episodio del pasado en una herramienta de presión sobre el presente cubano para modelar un futuro bajo la visión de Trump y de Rubio.
La isla atraviesa una de sus crisis más severas: apagones prolongados, escasez de combustible, deterioro de servicios básicos, protestas localizadas y una población que ya no vive la precariedad como sacrificio revolucionario, sino como agotamiento diario. En ese contexto, la acusación contra Raúl Castro toca la continuidad simbólica del castrismo. Pues, aunque Raúl ya no gobierna formalmente, sigue representando la conexión entre la revolución, las Fuerzas Armadas y el poder real. Ponerlo en el centro de un expediente penal es retirar una parte de la inmunidad histórica que protegía al apellido.
La segunda pieza es GAESA, el conglomerado económico de las Fuerzas Armadas cubanas. Washington no apunta sólo contra discursos, funcionarios o reliquias ideológicas. Presiona el circuito que administra divisas, hoteles, comercio exterior, construcción, transporte, remesas, banca y zonas estratégicas. Durante años, el régimen pudo sostener una doble arquitectura: legitimidad revolucionaria hacia afuera y capitalismo militarizado hacia adentro. GAESA encarna esa transformación. Si se afecta su capacidad de operar, no se toca solamente una empresa, se presiona el sistema de lealtades que permite gobernar la escasez.
Las cadenas hoteleras extranjeras quedan atrapadas en esa zona gris. El turismo en Cuba ha sido entrada de divisas, vitrina internacional y engranaje de poder. Varias cadenas, en particular españolas, operan hoteles vinculados a empresas del entramado militar cubano, como Gaviota. Eso no significa que todas estén automáticamente sancionadas ni que toda operación sea ilícita. Significa que cada banco, socio, aseguradora y operador tendrá que recalcular el riesgo. Madrid y Bruselas no dirigen la crisis cubana, pero pueden ser arrastrados por ella.
De esta convergencia es posible adelantar cinco escenarios. El primero es una negociación bajo presión: Washington acumula costo judicial, económico y energético para forzar concesiones sin intervención directa. El segundo es el cierre defensivo: La Habana responde con soberanía, control interno y represión selectiva. El tercero es una transición administrada por élites militares o económicas: cambio de modelo, preservación del aparato, apertura limitada y mínima liberalización política. El cuarto es una escalada accidental, por un incidente aéreo, marítimo o diplomático mal calculado. El quinto es la internacionalización humanitaria de la crisis, con combustible, alimentos y electricidad como ejes de una mediación posible.
Para México, el envío de petróleo a Cuba dejó de ser sólo un gesto de solidaridad histórica y se volvió una decisión con costo estratégico. El riesgo es quedar colocado no como mediador regional, sino como proveedor de oxígeno de un régimen militar-capitalista que conserva sus circuitos de poder mientras sus ciudadanos viven entre apagones, escasez y abandono.
La clave está en no confundir presión con desenlace. Cuba no caerá porque Washington acuse a Raúl Castro. Tampoco resistirá indefinidamente porque invoque su soberanía. La situación es crítica por acumulación: expediente penal, sanciones a GAESA, apagones, protesta social y exposición del turismo que empiezan a moverse en la misma dirección.
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