Cuando los líderes de la OTAN se sienten esta semana en Ankara, la fotografía oficial mostrará unidad. Los presupuestos contarán otra historia. La cumbre inicia con un objetivo declarado —llevar la inversión aliada a 5% del PIB para 2035, distribuida entre 3.5% de defensa pura y 1.5% en infraestructura de resiliencia— y con fracturas que ningún comunicado final logrará disimular del todo.
Turquía, como anfitriona, no es casualidad. Erdoğan tiene el segundo ejército más numeroso de la alianza y una agenda propia: vincular la seguridad europea a las crisis del Mediterráneo oriental y el norte de África, para reclamar un asiento permanente en la arquitectura industrial del continente. No es casual que el mismo país que impulsa el escudo Steel Dome busque, en paralelo, levantar las sanciones heredadas de su compra de los S-400 rusos.
Detrás de la retórica de cohesión, la cumbre expone una asimetría que no se dice en voz alta: quién paga y cuánto. Estados Unidos exige compromiso ajeno mientras retira activos propios del territorio europeo; Polonia y los bálticos rondan o superan ya el gasto de 4-5% del PIB militar; Alemania apenas deja atrás el 1.7%. Francia presiona para que el fondo SAFE -Security Action for Europe. que es el instrumento financiero de la Unión Europea para acelerar el rearme y fortalecer la industria europea de defensa- no excluya a socios no comunitarios, mientras Berlín prefiere abrirlo a Turquía y al Reino Unido. Son fisuras que Ucrania mantiene bajo control, pero que un shock externo podría reabrir sin aviso.
Y esa tensión ya está en curso. La guerra en Medio Oriente, con Israel como protagonista militar directo, ofreció una vara de medición para Europa. El presupuesto israelí de 2026, aprobado en plena Operación León Rugiente, elevó el gasto en defensa a cerca de 8.8% del PIB, el nivel más alto desde los 90: una cifra de economía de guerra que recuerda que las metas de 3.5% o 5% debatidas en Ankara son aspiraciones de paz relativa. Por su parte, el presupuesto oficial de Rusia ronda 7% del PIB, aunque el servicio alemán BND sitúa el gasto real, con partidas ocultas, cerca del10%. Contra ese fondo, el objetivo aliado de 2035 parece menos ambicioso y tardío.
Para el ciudadano común, vivir en una economía de guerra significa que el presupuesto deja de ser un ejercicio técnico y se convierte en una elección moral cotidiana, pues cada punto de PIB que migra hacia misiles o nómina militar es un punto que no llega a hospitales o pensiones. No es una abstracción estadística: es la inflación que corroe el salario real, el impuesto que sube "por seguridad nacional", la sensación de que la normalidad se ha vuelto provisional.
Este ajuste responde a un reordenamiento donde el poder territorial vuelve al centro de la política mundial. Irán busca convertir Ormuz en reconocimiento político; Rusia intenta traducir su superioridad de fuego en concesiones territoriales frente a Ucrania; China normaliza su presión sobre Taiwán, y Estados Unidos condiciona alianzas a beneficios inmediatos y demostrables. El territorio, más que las normas, vuelve a ser la moneda entre potencias.
Por si fuera poco, la cumbre deberá lidiar con el resentimiento de varios europeos por verse arrastrados a una crisis con Irán que no eligieron, la desconfianza este-oeste dentro de la alianza y la fragilidad de las cadenas de suministro de defensa, todavía dependientes de semiconductores y minerales críticos que ni Bruselas ni Washington controlan del todo.
Ankara no decidirá el desenlace de esas tensiones, pero medirá cuánto está dispuesta a invertir Europa por una seguridad que otros ya pagan en tiempo real, a precios de guerra.
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