Hay catástrofes que la tierra anuncia y otras que un país fabrica, con negligencia, durante años. Venezuela acaba de padecer ambas a la vez. El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte del país con apenas treinta y nueve segundos de diferencia; el saldo oficial roza los mil 400 muertos y la ONU habla de más de 50 mil desaparecidos. Sin embargo, quien lea esto como una simple desgracia geológica no habrá entendido lo esencial.
Vayamos por partes, porque el diagnóstico es contraintuitivo. El sistema venezolano de prevención y atención de desastres no fue abolido, al contrario, sobre el papel no dejó de crecer. Lo ordenó la Constitución de 1999, lo organizó una ley de 2001 y, en 2013, el chavismo lo coronó con un flamante Viceministerio de Gestión de Riesgo. No hubo, pues, demolición, sino la lenta degradación de su eficacia, traducida en mayor organigrama, más mando central y menos resultados.
El mecanismo tuvo tres movimientos. Concentración, primero: la red plural de 2001 —gobernadores, alcaldes, bomberos, ONG y voluntarios— se verticalizó hasta caber bajo un único paraguas ministerial que hoy reúne sismología, meteorología, emergencias y protección civil bajo el mismo techo político. Opacidad, después: desde 2017 el régimen no publicó su presupuesto con detalle, cosechó un humillante cero sobre 100 en la Encuesta de Presupuesto Abierto y vio a su Tribunal Supremo negar el acceso a las cuentas de aquel año. Y silencio, al final: la última vez que el Estado mostró con nitidez qué hacía su protección civil fue en 2015.
Esos vacíos no son inocentes. Transparencia Venezuela —hoy en el exilio, expulsada por la represión— ha documentado 316 casos de saqueo del patrimonio público entre 1999 y 2022, por casi 68 mil millones de dólares, y 246 obras inconclusas. Se traduce en hospitales que no se levantaron, equipos de rescate que no se compraron y códigos que nadie hizo cumplir.
Con todo, la imagen que mejor lo resume no es la del sismo, sino la del día después: vecinos escarbando los escombros con las manos desnudas, a la espera de los rescatistas de Perú, Colombia, Israel o Estados Unidos. Un país petrolero incapaz de salvar a los suyos, entregado a la caridad ajena. Eso no lo causó la falla tectónica, sino un populismo que confundió el Estado con un botín.
Y aquí, lector mexicano, toca asomarse al espejo, porque la secuencia nos resulta familiar. Vivimos sobre fallas que ya nos cobraron en 1985 y 2017 y, aun así, en 2020 este país extinguió el Fonden—el fondo de reconstrucción ante desastres— junto a más de 100 fideicomisos, en nombre de combatir la corrupción y concentrar recursos en el Ejecutivo. Hay más: en 2025 desapareció el Inai, de suerte que la transparencia quedó en manos del gobierno al que debía vigilar. Juez y parte, como en Caracas. Y el costo ya no es hipotético: el desabasto de medicinas es notorio, prueba de que un sistema de salud, como uno de protección civil, se vacía mucho antes de que la tierra tiemble. La trampa es, palabra por palabra, la venezolana: se suprime un instrumento técnico invocando la pureza, se concentra el poder, se apaga la información y se confía en que la catástrofe tenga la cortesía de no llegar en este sexenio.
Pero llega. Siempre llega. Venezuela acaba de enseñarnos cómo termina la película. Y la pregunta para México no es si habrá otro gran sismo —lo habrá—, sino qué hallaremos cuando ocurra: un Estado a la altura de su deber o, de nuevo, vecinos escarbando con las manos, lo que el poder dejó caer.
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