Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, a partir del 3 de noviembre, una vez que se publique el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, se restringirá el uso de celulares en las primarias y secundarias del país. En educación media superior cada plantel fijará sus propias reglas. La decisión se sustentó en una consulta de la SEP a más de 565 mil docentes, de los cuales 81% se pronunció a favor de regular el uso de celulares en las aulas.
Sin duda, la medida puede contribuir a recuperar la atención y tiempo de enseñanza, pero resulta insuficiente frente al problema que pretende atender.
¿Y qué sucede fuera del aula?
Las niñas, niños y adolescentes pasan más tiempo fuera de la escuela que dentro de ella. En nuestro país, nueve de cada 10 personas de 12 a 17 años usan internet (INEGI). Después del horario escolar tienen acceso a plataformas diseñadas para retener su atención, que incorporan funciones que pueden favorecer un uso compulsivo, además de enfrentarse a riesgos como el acoso en línea y el contacto con adultos desconocidos, incluidos reclutadores del crimen organizado.
En marzo pasado, un jurado de Los Ángeles consideró negligentes a Meta y YouTube por el diseño de sus plataformas, en un veredicto que las empresas apelaron. En agosto, Meta aceptó pagar hasta 17 mil millones de dólares a fiscales estatales, sin admitir su responsabilidad, y se comprometió a aplicar restricciones por defecto a menores de 18 años en Estados Unidos, entre ellas un límite predeterminado de dos horas diarias. Dicho diseño no puede considerarse una cuestión exclusivamente empresarial.
Hasta ahora, nuestro país no tiene una legislación que imponga obligaciones específicas a las empresas de redes sociales. El debate está en curso y debe permitirnos construir una regulación integral para las personas menores de edad, con un enfoque de derechos.
Amnistía Internacional, por ejemplo, propone que los estados exijan una revisión de fondo de cómo operan las plataformas, empezando por su diseño adictivo, y considera que prohibir el acceso a adolescentes es demasiado contundente. Niñas y niños también tienen derecho a expresarse y a acceder a internet. Por ello, cada restricción debe ser proporcional al riesgo y estar sujeta a supervisión.
Así, las obligaciones principales deben recaer en quien diseña y obtiene beneficios del consumo de los productos: cuentas de menores privadas por defecto, sin funciones que fomenten el uso compulsivo –como las recomendaciones algorítmicas personalizadas o la reproducción automática–. Por su parte, a escuelas y familias les corresponde acompañar con alfabetización digital, pero no pueden sustituir la responsabilidad de los creadores.
La regulación afectará a empresas con sede en otros países, por lo cual deberá sustentarse en evidencia técnica y aplicarse con criterios generales, de tal manera que no se convierta en un punto de tensión adicional en el contexto de las revisiones anuales del T-MEC.
Todo esto ocurre mientras México enfrenta problemas educativos que no se resuelven retirando los dispositivos de las aulas. En la prueba PISA 2025, el país obtuvo sus resultados más bajos en 20 años en matemáticas y comprensión lectora y se ubicó en el penúltimo lugar de la OCDE tanto en lectura como en ciencias (IMCO). Mejorar esos indicadores exige una política educativa con agenda propia, que atienda formación de docentes, programas educativos, así como las condiciones en que aprenden los estudiantes.
Una auténtica protección de la infancia en internet requiere garantías para sus derechos, reglas para las plataformas y capacidades renovadas para atender las insuficiencias del sistema educativo. No podemos sacar la tecnología de la vida de los menores, pero sí podemos, desde nuestra trinchera, asumir nuestra responsabilidad con ellos.
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