La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) abrirá su sesión permanente la última semana de noviembre para definir el salario mínimo que regirá en 2027. Por primera vez, la negociación coincidirá con una reducción de la jornada laboral, de 48 a 46 horas.
En ese contexto, el Consejo Coordinador Empresarial propone ajustar el salario sólo por inflación y retirar el monto independiente de recuperación (MIR). La Coparmex plantea sumar dos puntos a la inflación, alrededor de 6%. Por su parte, la propia Conasami ha hablado de aumentos cercanos a 12% anual, mientras el gobierno mantiene el objetivo de que el salario mínimo sea suficiente para comprar 2.5 canastas básicas.
Así, la negociación deberá conciliar dos objetivos: preservar la recuperación del poder adquisitivo y evitar que los costos laborales comprometan la creación de empleo formal.
En ocho años, el salario mínimo general pasó de 88 a 315 pesos diarios, con aumentos anuales de dos dígitos. La pobreza laboral se redujo a 31.9% en el segundo trimestre de este año, la cifra más baja para ese periodo en toda la serie. El informe de la comisión consultiva de la Conasami, que reunió estudios de los tres sectores, indica que los aumentos redujeron la pobreza sin efectos sustanciales sobre el empleo ni los precios. La experiencia obliga a tomar distancia de las advertencias que anticipaban un deterioro inevitable en ambos indicadores.
Sin embargo, la Concanaco calcula que un aumento de entre 10% y 12%, combinado con dos horas menos de jornada sin reducción de sueldo, elevaría entre 14.8% y 16.9% el costo por hora trabajada. Ese golpe no se distribuye de manera uniforme. Una cadena comercial puede reorganizar turnos o absorber parte del incremento; un pequeño negocio difícilmente cuenta con el mismo margen de maniobra.
Casi todas las unidades económicas del país son micro, pequeñas o medianas empresas que operan en un mercado con 33.1 millones de personas trabajando en la informalidad. La mayoría de los nuevos empleos se generan ahí. Cuando contratar formalmente cuesta más de lo que un negocio puede pagar, la informalidad se vuelve la salida más fácil. Por eso, respaldar a esas empresas es también una manera de proteger a las y los trabajadores.
Del otro lado de la mesa, el mismo informe de la comisión consultiva dejó una advertencia que ha recibido menos atención. Entre 2017 y 2026, la brecha entre el salario mínimo general y los profesionales, que fijan montos más altos para ciertas ocupaciones, pasó de 42.7% a 14%. Saber un oficio pesa cada vez menos en los ingresos. El ISR agrava el problema: en cuanto el ingreso rebasa el mínimo, las retenciones se quedan con parte del aumento antes de que llegue al bolsillo. La negociación salarial ofrece una oportunidad para atender ambas preocupaciones.
Hace unos días, la Coparmex y dirigentes de la CTM coincidieron en un planteamiento: que aguinaldo, vacaciones, horas extra y reparto de utilidades queden libres de ISR. La patronal agregó que las empresas puedan deducir esas prestaciones en su totalidad. Que patrones y trabajadores defiendan la misma propuesta es razón suficiente para analizarla con seriedad.
Acompañar el incremento salarial de 2027 con incentivos fiscales para las empresas que crean y conservan empleos formales permitiría sostener la política salarial sin poner en riesgo la viabilidad de los negocios, sobre todo los más pequeños. El Congreso federal tiene la responsabilidad de legislar para apoyar a quienes mantienen la cada vez más escasa formalidad. El salario mínimo es una herramienta poderosa, pero no puede cargar con todo el peso.
La recuperación salarial es un logro que debemos cuidar. Cuidarlo implica asumir que un salario mínimo más alto sólo será sostenible si hay empresas capaces de pagarlo y puestos formales que lo respalden.
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