La renuncia de Guadalupe Taddei no resolvió la crisis del INE. Las denuncias de corrupción que involucran a su administración exigen investigaciones, responsabilidades y sanciones. Pero recuperar la confianza también requiere decisiones políticas inmediatas. Lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados amenaza con desperdiciar esa oportunidad.
La designación de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional permitió mantener la conducción institucional mientras la cámara designa a quien concluirá el periodo. La provisionalidad no debe convertirse en una solución permanente por incapacidad o conveniencia de los partidos.
Sería una ofensa a la ciudadanía que se pretendiera llevar a Mónica Soto a la presidencia del INE. Su cuestionada gestión al frente del Tribunal Electoral está lejos de ofrecer las credenciales de independencia y confianza que esta crisis exige. Después del escándalo de Taddei, proponerla significaría despreciar el reclamo de rectificación. La sustitución debe recuperar la credibilidad del árbitro y romper con las prácticas que la destruyeron.
Sin embargo, los partidos siguen sin acordar la convocatoria. La Jucopo debe construir el acuerdo y someter al pleno una ruta transparente, con un comité técnico de evaluación independiente. Morena tiene la responsabilidad principal por su posición mayoritaria. La oposición también debe actuar con seriedad estratégica.
El PRI ha planteado condiciones que mezclan exigencias atendibles con transformaciones de enorme alcance. Renovar a todas las consejerías puede sonar contundente. Aunque existen antecedentes, ocurrieron bajo condiciones políticas y acuerdos distintos. Convertir hoy esa pretensión en requisito para cubrir la presidencia puede cerrar la negociación antes de comenzarla.
Algo semejante sucede con la sobrerrepresentación. Corregirla es indispensable. Condicionar esta designación a una reforma constitucional convierte una decisión urgente en rehén de una negociación mucho mayor. Además, con procesos electorales en curso, debe respetarse la certeza que protege el artículo 105 constitucional frente a modificaciones legales fundamentales. La distorsión de la representación debe combatirse mediante decisiones e interpretaciones rigurosas del INE y del Tribunal Electoral. No permitiremos una interpretación inconstitucional y sátrapa como la de 2024.
Revisar las designaciones de los organismos electorales locales es necesario cuando existen irregularidades documentadas. Deben activarse los procedimientos correspondientes, con pruebas y responsabilidades individualizadas. La sospecha generalizada no puede sustituir la investigación ni justificar una parálisis nacional.
Hay una exigencia concreta que debe acompañar la reconstrucción institucional: devolver al Consejo General la facultad de aprobar los nombramientos de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. La reforma de 2024 al artículo 45 de la LGIPE concentró esas designaciones en la presidencia. Hay que recuperar la colegialidad y los contrapesos internos. Esa reforma sí es factible hacerla, es una reforma adjetiva, administrativa y no contravendría el espíritu del 105 constitucional.
La negociación debe concentrarse en tres garantías: un Comité Técnico integrado por personas reconocidas por su independencia y conocimiento; una evaluación pública que privilegie méritos, trayectoria e imparcialidad, y una designación por consenso. La mayoría necesaria para votar no sustituye el acuerdo político que necesita una autoridad electoral cuestionada.
A la presidenta de la República le corresponde favorecer una salida de Estado. A Morena, renunciar al control del árbitro. A la oposición, construir acuerdos viables. A todas las fuerzas, entender que las elecciones en curso no admiten una prolongación irresponsable de esta crisis.
La ciudadanía también tiene una tarea. El 6 de diciembre, la convocatoria de #MareaMexicana llama a movilizarnos por un INE ciudadano y a exigir que Morena saque las manos de la institución. Participemos en el país y desde el extranjero. En la Ciudad de México, la cita es a las 10 de la mañana, del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia.
A los partidos hay que preguntarles: ¿quieren negociar u obstaculizar? Nosotras y nosotros tenemos que activarnos. ¡Vamos a marchar!.
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